Despolitizar la justicia

Parece que por fin (¡parto de los montes!) va a haber investidura, o eso parece, aunque el candidato Rajoy se lo toma con paciencia y en lugar de acelerar sus actuaciones, las dilata, como si su reino no fuera de este mundo, y en esas estamos. Pero destaco, abiertamente, la responsabilidad de Ciudadanos y de su líder: España no está para politiquerías sino para resolver los graves problemas pendientes, y requiere de un Gobierno que los afronte, así que perder el tiempo y correr el riesgo de unas terceras elecciones pertenece más al camarote de los hermanos Marx que a un país serio y responsable, con unos partidos a la altura del momento histórico que vivimos.

Doy por supuesto que el PP aprobará las seis condiciones que Rivera le ha presentado a Rajoy para recabar su apoyo. Son condiciones políticas imprescindibles, con un objetivo esencial: acabar con la corrupción y democratizar la ley electoral. ¿Quién puede aguantar la imagen de Rita Barberá en el Senado, en los escaños del PP, tras la que ha caído? ¿Cuántas veces hemos reclamado unas listas electorales desbloqueadas para que seamos los votantes, y no el aparato de los partidos, quienes decidamos el orden de los candidatos y mandemos al cuerno a quienes hoy se nos imponen aunque sepamos de su inutilidad o no tengan que ver con la demarcación a la que pretenden representar pues vengan impuestos desde Madrid?

Pero echo de menos que entre esas condiciones no haya incluido Ciudadanos la despolitización de la justicia. Es de cajón que exijan acabar con los aforamientos y los políticos respondan, como todo bicho viviente, ante su juez natural, pero el último fondo de esta exigencia es la politización de la justicia en sus niveles más elevados. La clave está en el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y elegido mayoritariamente por los partidos políticos. Sí, son jueces y abogados de prestigio sus miembros, pero de confianza plena de quienes los nombran, como se pone de relieve en que los nombramientos en los niveles más altos de la justicia (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia) se corresponden con el posicionamiento político de quienes los apoyan (cuesta entender que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, fuera director general en el Gobierno de José María Aznar). De ahí que acabar con el aforamiento, desactive en gran medida un peligro a la vista: proteger a políticos con riesgo de acabar entre rejas. Pero, si eso está bien, en cualquier caso es de razón que los jueces (todos) elijan a quienes los gobiernan y lleguen a lo más alto de la judicatura los mejores, no los mejor posicionados. Debajo de todo ello está el dogma de la independencia judicial, el ogro que tanto temen políticos de cualquier laya.

Y aunque a algunos les haya podido sorprender, por no estar en ese mundo, hay una última exigencia que pretende acabar con algo escandaloso: los indultos políticos. ¿A qué me refiero? El indulto es una medida excepcional en manos del Gobierno que, en casos excepcionales, puede exonerar de una condena a alguien declarado culpable judicialmente. Bueno, pues conocemos casos que claman al cielo: políticos o personas próximas a ellos que han recibido indultos inexplicables. ¿Qué hay detrás de ello? Es evidente: salvar a los que justamente condenados tienen las agarraderas más diversas para evitar pagar una conducta punible. Escandaloso, pero cierto.

Despolitizar la justicia urge en España. De lo contrario, nuestro país seguirá siendo una democracia de baja calidad, en la que los más poderosos juegan con naipes ocultos.

Marta FERREIRA