SATSE critica la ausencia del consejero de Sanidad en la reunión sobre el recurso de la...

El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León critica que el consejero de Sanidad, Antonio Saéz Aguado, no haya estado presente en la reunión informal que la Consejería de Sanidad de Castilla y León había convocado hoy para conocer precisamente la opinión de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad respecto a la situación creada por la resolución del Tribunal Supremo de Castilla y León que declara nula la Orden San/ 370/2015 de 2015, por la que se convocaban las oposiciones de enfermería de 2015.

A esta reunión estaban convocados los sindicatos para conocer la opinión de los representantes de los trabajadores respecto a si se recurre en casación al Tribunal Supremo esa resolución del TSJ. Sin embargo, a la reunión sólo ha asistido el gerente regional de Salud y la directora general de Profesionales.

A juicio de SATSE, esta ausencia del consejero muestra la manipulación que ha querido ejercer sobre la opinión pública intentando hacer ver que iba a tener en cuenta la postura de los sindicatos y salir del paso del aluvión de preguntas que le llegaban tras conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Además, la decisión y responsabilidad últimas son de la Consejería de Sanidad.

Además, SATSE recuerda que este sindicato ha pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente, que el Gobierno regional no recurra la resolución del TSJ porque sería alargar la incertidumbre de los opositores de dos a cuatro años más y continuar con los perjuicios a estos, jugando con las expectativas personales y profesionales de las enfermeras.

SATSE recuerda que ya bastante daño se ha hecho a los más de 20.000 aspirantes que se iban a presentar a las 554 plazas de enfermería y exige que se resarza a los opositores, devolviendo inmediatamente los 29 euros de las tasas del examen y los costes que se hayan derivado de ello, como gastos de hotel o alojamiento.

La Junta decidió convocar la OPE 2015 de forma irresponsable, a pesar de que era ilegal porque se superaban los objetivos de déficit público y porque se habían incumplido por parte de la Administración los plazos, ya que agrupaba ofertas públicas de empleo de 2009, 2010 y 2011, cuando la norma marca un límite máximo de 3 años.

Con esta pésima gestión de la Consejería de Sanidad se pierden 102 plazas, generando además graves perjuicios en las personas y sus familias en forma de sufrimiento, estrés e incertidumbre que es muy difícil de cuantificar, además del coste económico.