Verdad, justicia, reparación

Jorge Valle Álvarez, activista y defensor de los Derechos Humanos

Timoteo Mendieta, carnicero, fue fusilado por las autoridades franquistas el 15 de noviembre de 1939 en Guadalajara. Félix Llorente Gutiérrez, ferroviario y sindicalista, desapareció el 15 de agosto de 1936 cuando iba a ser trasladado a la prisión de Medina del Campo (Valladolid). El primero ha sido exhumado el pasado enero, después de varios años de admirable tesón y firmeza por parte de su hija Ascensión -90 años hoy, 13 cuando perdió a su padre- y un largo viaje a Argentina para visitar a la única jueza que investiga los crímenes del franquismo desde 2010, tras el portazo del Tribunal Supremo a la causa abierta por Baltasar Garzón. La desaparición forzada del segundo ha propiciado una demanda judicial ante la Procuraduría General mexicana presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Amnistía Internacional. Es decir, los crímenes de guerra y lesa humanidad, entre los que se encuentran la tortura, las desapariciones forzosas, la persecución política o por razones de religión o raza, los encarcelamientos arbitrarios, el robo de bebés o los trabajos forzosos, que se cometieron en España durante la Guerra Civil (1936-1939) y el franquismo (1939-1975) siguen sin ser juzgados por las autoridades judiciales españolas, y tienen que ser otros países los que acojan las denuncias y las reclamaciones de unas víctimas que, tanto tiempo después, no han conocido todavía la verdad, la justicia y la reparación.

Timoteo y Félix no son más que la parte visible -y puesta ahora de actualidad gracias a la justicia que opera en el otro lado del Atlántico- de un problema estructural que, de vez en cuando, emerge y salpica los periódicos y los telediarios, pero siempre de forma anecdótica y efímera. Nunca se aborda en profundidad y con verdadera voluntad, sino que vuelve a enterrarse en la cueva del olvido, allí donde residen tantos desaparecidos ?solo Camboya nos supera en número-. La realidad es que España sigue teniendo deudas con su pasado, y por muchos obstáculos que los gobiernos que se han sucedido en nuestro país desde el establecimiento de la democracia, sean del color que sean, hayan puesto a la justicia y a las víctimas, las violaciones de Derechos Humanos no prescriben en el tiempo. Sí lo hacen las vidas de unas víctimas que ven cómo se acerca el final de sus días sin que hayan podido enterrar a sus padres, madres, abuelos o abuelas. Sin haber conocido la verdad para establecer los hechos respecto a las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en el pasado. Sin haber conocido justicia para investigar dichas violaciones y para emprender acciones judiciales. Y sin haber recibido una reparación plena y efectiva. España no se preocupa por la jurisdicción universal, pues ni investiga sus propios crímenes ni los de otros países. Como asegura el juez Baltasar Garzón: "el olvido y el silencio fueron y son las dos caras de la impunidad que reina en nuestro país".

Con el panorama político actual derivado de las elecciones de diciembre se abre un nuevo periodo en la democracia española en la que, gobierne quien gobierne, es imprescindible que los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo sean investigados y llevados a la justicia, pues no puede ser sana ni feliz una sociedad en la que los torturadores siguen viviendo en libertad, en la que sigue habiendo tantas personas esparcidas por las cunetas de nuestras carreteras, en la que las calles, plazas y avenidas todavía rinden homenaje a generales, asesinos y dictadores responsables de una de las peores guerras de nuestra historia, así como de la sangrienta y represiva dictadura que la siguió. España está ante la oportunidad de cerrar de una vez por todas lo que todavía escuece: hay heridas que solo cicatrizan cuando se conoce el veneno que las provocó. Para pasar página, primero hay que leerla.