Ética y Política

El pacto para la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno al que han llegado PSOE y Ciudadanos abarca una serie de principios éticos que en la vida pública deberían ser normales, sobre todo en la política que se ejerce en el ámbito de un Estado Social y Democrático de Derecho. La transparencia, la eficacia y eficiencia en el control del gasto público, el mérito y la capacidad como criterios exigidos para el acceso a la función pública, la ausencia de privilegios, la independencia judicial y la separación de poderes, son principios que recogen todas las Constituciones Políticas de los países democráticos, pero que, en la realidad y por desgracia, no son demasiados países los que rigurosamente los respetan.

El mayor o menor respeto de estos principios determinarán el nivel de corrupción de cada país. España no sale muy bien parada, ya que según la ONG Transparencia Internacional, nuestro país ocupó el puesto 37 (de 174 países) en 2014, cuando hace 20 años estábamos en el 26; y no es el más alto, lo fue en 2012, que ocupábamos el lugar 40. Estamos alejados de los puestos que ocupan los países más desarrollados y de nuestro entorno geográfico y cultural: Francia, 26; Portugal, 31; Alemania, 12; Reino Unido, 14; USA, 17; Dinamarca, 1; Finlandia, 3; Suecia, 4 ó Suiza, 5. Tan sólo Italia y Grecia (puestos 69 y 70) tienen un índice de corrupción más elevado.

Bien es cierto que muchos ciudadanos dirán que el PSOE (que ha gobernado 21 años, de los 39 que han pasado desde las primeras elecciones generales democráticas -15 de junio de 1977-después de la muerte de Franco) podía haber afrontado antes algunos puntos que ahora ha pactado con Ciudadanos, y no les falta razón. Pero nunca es tarde y bienvenidas sean las medidas que contribuyan a mejorar los indicadores y la calidad de nuestra democracia.

La supresión de las Diputaciones Provinciales podría ser una medida de regeneración democrática de las Instituciones, puesto que sabemos que, con independencia del partido político que las dirija, son focos de clientelismo, nepotismo y corrupción. Con ello no se cuestiona la profesionalidad de sus funcionarios, sino el nivel de implicación política en la creación de multitud de puestos de libre designación que no son necesarios. Todos conocemos infinidad de casos de personas que sin aptitudes ni actitudes, sin titulaciones académicas y sin haber superado procesos selectivos previos, han accedido, no sólo a cargos de Diputados Provinciales (que, en definitiva son cargos electos, aunque de forma derivada, no directa), sino a puestos relevantes por el mero hecho de su afiliación política. De ahí que una medida de ética política importante sería que quién accede a un cargo público de elección tuviera previamente una profesión que le proporcione su medio de vida y a la que poder volver cuando esa etapa (temporal siempre, no más de 8 ó 12 años) finalice. De lo contrario, se fomenta el clientelismo político. Por otro lado, en relación a la gestión política de las Diputaciones Provinciales, si el presupuesto de estas Instituciones fuera distribuido (en función de criterios exclusivamente técnicos) entre todos los municipios de la provincia, o, en su caso, se constituyeran consejos municipales (de apoyo técnico y no político), los pequeños municipios tendrían mayor autonomía financiera y no estarían sometidos al yugo político y a la ciega obediencia de los caciques y jerarcas correspondientes.

Otro de los acuerdos del pacto es disminuir el número de personas aforadas. En España, la cantidad de personas que gozan de privilegios judiciales y que en caso de comisión de ilícitos penales no van a ser juzgados por los tribunales ordinarios como el resto de los ciudadanos, es elevadísima. España tiene unos 10.000 aforados, cuando Francia tiene 21, Alemania, Reino Unido o USA, ninguno y Portugal e Italia sólo 1, el Presidente de la República. Cuestión diferente es la inmunidad parlamentaria, que en mayor o menor medida existe en todos los países, pero con una diferencia. En otros países, una vez que la cámara legislativa levanta la inmunidad del interesado, se le juzga por los tribunales ordinarios como al resto de los ciudadanos, algo que no ocurre en España.

Sobre otro de los puntos del acuerdo, la despolitización de la justicia, también es una medida importante para restaurar la más que denostada división de poderes. Sabemos que todos los gobiernos han querido politizar la justicia, igual que han querido controlar y manipular la televisión pública para acercarlas a sus intereses electorales y partidistas. La justicia debe ser independiente. Y una prueba de que los gobiernos no quieren que sea así lo tenemos con las últimas declaraciones de Fernández Díaz, ministro del interior en funciones. Por un lado arremete contra las detenciones de cargos públicos del PP por presuntos delitos de corrupción, cuando dijo "no es casual que salgan a la luz en estos momentos tantos casos de corrupción que afectan al PP". Con estas declaraciones ha puesto de acuerdo a las cuatro asociaciones judiciales, en la crítica, y ya es un logro, Jueces para la Democracia, Asociación Profesional, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que han censurado las palabras del ministro, diciendo que "son veladas insinuaciones sin fundamento dirigidas a confundir a la opinión pública y crear un estado de alarma y desconfianza hacia las instituciones"(judiciales en este caso). Y, por otro lado, ante la declaración de persona "non grata" a Rajoy por el ayuntamiento de Pontevedra (con independencia de que esta decisión sea políticamente cuestionable e inadecuada), el ministro ha manifestado que esta decisión puede constituir un delito de "incitación al odio". Para partirse de risa; o sea, que expresar "veladas insinuaciones sin fundamento dirigidas a confundir a la opinión pública.." no genera "incitación al odio", es manifestación de la libertad de expresión y, por consiguiente, los ciudadanos con esto nunca podrían apedrear a jueces y magistrados, pero declarar a Rajoy persona "non grata" si puede provocar que ciudadanos anónimos cojan a Rajoy por la calle y lo arrojen al Manzanares. ¡Patético!

Es absolutamente necesario que ética y politica vayan de la mano; de lo contrario, la vida pública se convertirá en una espiral diabólica que acabará con nuestra dignidad como ciudadanos y tardaremos varias generaciones en volver a ser una sociedad pluralista, libre, justa, tolerante y solidaria.