Impunidad

Durante esta semana he tenido acceso a un interesante trabajo de investigación llevado a cabo por la Universidad de las Américas, de Puebla (México), en 2015, sobre los índices de impunidad en varios países del mundo. Para definir la impunidad tenemos que partir de la relación que existe entre los crímenes o delitos que se comenten y su castigo, de tal suerte que si el porcentaje de castigos es bajo sobre el total de los delitos que se cometen, tendremos que hablar de índices altos de impunidad; en cambio si el porcentaje de castigos se aproxima al 100 % de los crímenes cometidos, estaríamos ante una impunidad baja.

Ahora bien, las conclusiones a las que llegaremos serán diferentes dependiendo de la metodología utilizada en el estudio. No es lo mismo que la impunidad se manifieste porque haya crímenes investigados y con presuntos autores cuyos indicios racionales de criminalidad sean irrefutables y se retrase la sentencia condenatoria porque los tribunales de justicia estén colapsados de trabajo, que la impunidad se manifieste porque no hay ni siquiera indicios de quién o quienes pueden ser los responsables, o simplemente porque la víctima o sus familiares no tengan acceso a la justicia o no cuenten con los recursos necesarios para activar el mecanismo jurisdiccional y de investigación que aporte luz al esclarecimiento de los hechos.

El estudio al que me refiero no incluye a todos los países del mundo (193 estados miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable) sino a 59, que son los que han contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

De los 59, los 10 países con el índice más alto de impunidad son, por este orden: Filipinas, Mexico, Colombia, Turquía, Federación Rusa, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Corea del Sur y Georgia. Y los diez con el índice más bajo de impunidad, también por este orden: Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Suecia, Lituania y Serbia. Parece sorprendente que entre estos últimos no se encuentre ningún país central de la Unión Europea ni Estados Unidos.

España no sale muy bien parada en este informe, dado que ocupa el número 17 entre los países con índice de impunidad más alto, siendo, a su vez, el más alto de la Unión Europea. Del grupo de países más desarrollados sólo nos supera Estados Unidos (puesto 15) con un índice más alto de impunidad que el nuestro. Todo ello es debido a que el número de jueces por cada 100.000 habitantes es muy bajo, apenas 11. La media europea está en 21 jueces. Por ejemplo, Alemania tiene 24; Portugal, 19; Holanda, 14; Austria, 18 o Luxemburgo 40. Sin embargo, España cuenta con 383 policías por cada 100.000 habitantes, por encima incluso de la media europea.

La justicia española es, desde este prisma, ineficaz a la hora de sacar adelante los expedientes judiciales, lo que abre la puerta a que los castigos no lleguen y, por tanto, prevalezca la impunidad. Y más aún con los casos de corrupción política y económica. Casos como el Malaya, ERE,s de Andalucía, Nóos o Bárcenas, han tenido y tienen una instrucción que dura varios años debido a las maniobras dilatorias de las defensas de los imputados. Por lo que puede afirmarse que, efectivamente, la justicia no es igual para todos, y que los delincuentes de cuello blanco gozan de privilegios procesales con los que no cuentan los ciudadanos con menos recursos. Recordemos que Garzón cuando comenzó con el caso Gürtel apretó a fondo para resolverlo en el menor tiempo posible, pero fue Federico Trillo, por encargo de Rajoy, quién dilató el procedimiento consiguiendo retirar a Garzón del procedimiento judicial, como Instructor.

Razón tenía el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, cuando el otro día declaraba que "si a la justicia le cuesta mucho seguir una trama financiera o imputar a un sospechoso, es porque hay connivencias políticas y dificultades extremas del poder judicial".