La Junta se obliga a solicitar al menos tres ofertas para los contratos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las Directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León en materia de contratación administrativa, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, con objeto de garantizar que resultan adjudicatarias las propuestas más ventajosas económicamente. La nueva regulación se aplicará desde el 1 de enero de 2016 y establece la necesidad de contar, siempre que sea posible, con un mínimo de tres ofertas para cada contrato cuando su importe exceda de 6.000 euros en el caso de las obras y de 3.000 euros para el resto, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Además será preciso justificar en el expediente los motivos para la selección del contratista, salvo que la proposición seleccionada sea la de menor cuantía.

Junto a esto, el documento amplía el procedimiento de concurrencia; contempla la utilización preferente de las comunicaciones electrónicas en las relaciones con proveedores y contratistas; refuerza la justificación de la adjudicación, e intensifica el control presupuestario desde el inicio de las decisiones de gasto en la medida en que obliga a formalizar documentos de retención de crédito por el valor de lo contratado.

Catálogos de precios o fichas de cotización

Las directrices prevén que en las Gerencias de Atención Especializada, de Atención Primaria y de Emergencias las tres ofertas puedan sustituirse por catálogos de precios de referencia o fichas de cotización de productos, siempre y cuando contengan las cuantías por las que podrían ejecutar la obra o servicio al menos tres empresas capacitadas para su realización.

Por último y con el fin de unificar los procedimientos, el acuerdo dispone que se aplique la misma normativa en materia de contratación pública prevista para las administraciones públicas a los entes públicos de derecho privado de la Comunidad de Castilla y León, esto es, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITA), el Ente Público Regional de la Energía (EREN) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.