Estas entidades públicas están siendo motivo de discusión sobre la conveniencia de mantenerlas o quitarlas. Son varios partidos políticos los que estiman que resultan inútiles las funciones que desempeñan las Diputaciones. Sobre todo las suspenden debido al mantenimiento de sus élites políticas: los diputados y diputadas provinciales. Sin embargo, sería interesante detenerse a pensar seriamente los pros y los contras de eliminarlas. Porque la pregunta sería si lo que se considera innecesario de las Diputaciones radica más en la cúpula política que en las específicas competencias que éstas desarrollan, en concreto, en la provincia de Salamanca. Para entendernos, las Diputaciones son las que prestan servicios en toda la provincia, desde las carreteras, hasta los servicios sociales. Si las Diputaciones desaparecen y sus funciones son asumidas por la Junta de Castilla y León, que ahora se limita a destinar los fondos que necesitan, la pregunta sería cómo va a conocer la Junta qué servicios se necesitan en cada cabeza de comarca. Por estos motivos, no estaría de más atreverse a pensar que también hay más opciones que eliminarlas, por ejemplo, modernizarlas. Empecemos el debate sin rehuir ninguna de sus contradicciones. Primero, las Diputaciones, que son organismos que se promovieron a partir de 1813, es de sentido común que se modernicen. Es cierto que la forma de elección de los diputados provinciales es uno de sus problemas. ¿Y cómo son elegidos? Pues se eligen entre los alcaldes y concejales de todos los ayuntamientos, y dependiendo del número de concejales, así pesará su voto. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Salamanca tiene más influencia que el de Los Santos, lo cual no es lógico puesto que las Diputaciones se encargan de la provincia, no de la ciudad. Segundo, a nadie se le escapa que al ser elegidos los Diputados Provinciales por alcaldes y concejales es imposible evitar que, en realidad, sean los partidos políticos los que ganan la partida, los partidos políticos son los que realmente decidirán quienes sí, y quienes no, optarán a la Diputación. Tercero, las Diputaciones no están sometidas a sufragio directo, es decir, la ciudadanía no cuenta para nada en la composición de sus cargos públicos. En otras palabras, no son los vecinos de Guijuelo, o los de Vitigudino, sobre los que recae la elección de quien mejor les pueda representar, y por las mismas razones tampoco el diputado de su zona tendrá que rendir cuentas ante ellos. Algunos ni saben quién es ni qué hace. Aunque este puede también ser el gran defecto del resto de las Administraciones Públicas. Con esta fórmula, lo cierto es que en la elección de diputados provinciales, la ciudadanía no es tenida en cuenta en esta decisión tan importante. Otra cosa muy distinta es que las Diputaciones, en sus competencias, es decir en lo que hacen a diario sus trabajadores, sí que están muy cerca del ciudadano y que conocen muy bien sus necesidades gracias a la cercanía que mantienen con ellos. La Junta de Castilla y León, si bien financia el gasto que haga falta, de no existir las Diputaciones tendría que crear una estructura eficaz para conocer las necesidades que tiene cada pueblo y cada comarca. Además de ser capaz de coordinar la multitud de empleados que día a día trabajan en nuestra provincia: los trabajadores sociales, los guardias forestales o los servicios de mantenimiento de las carreteras. Y todo desde Valladolid en la Comunidad Autónoma más extensa de España.
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