El Ministerio de Hacienda emitió por burofax la petición de suspensión, tres meses y medio antes de interponer recurso
La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León hizo caso omiso al requerimiento del Gobierno central para que anulara las oposiciones de enfermería. Las autoridades regionales desoyeron las indicaciones ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dio instrucciones a través de un burofax emitido el pasado mes de junio, según ha indicado.
Los 20.000 aspirantes a alguna de las 544 plazas de enfermería, que se hubieran examinado este domingo 22 en Valladolid y León, se quedaron el pasado jueves absolutamente perplejos y confundidos, enfadados y defraudados, con una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que les ha cerrado, al menos por un largo 'de momento', las puertas para consolidar su plaza, informa el Norte de Castilla. Ahora solo cabe que el fallo judicial definitivo del TSJ reabra el proceso y puedan convocarse finalmente las pruebas. Es la salida en la que confía la Consejería de Sanidad. De no ser así, y llegado el momento, «analizaremos soluciones».
La Consejería asumió el riesgo y lo hizo advertida. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas emitió, con firma del día 26 de junio, y vía burofax, un requerimiento formal a la Junta reclamándole la anulación de la convocatoria. La Administración Central recibe el 20 de agosto la contestación negativa de la Consejería de Sanidad a suspender el proceso. Todo ello, según datos que confirma el propio responsable de estas políticas, Antonio María Sáez Aguado.
«Siempre se impugna de oficio cuando se vulnera la ley»
El consejero explica que su departamento respondió en tiempo y forma al requerimiento y que, entonces, no había opciones «estaba entre ninguna plaza o intentar sacar adelante la oferta acumulada desde 2009 y, por ello, asumimos el riesgo y convocamos. Y toda la responsabilidad».
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destacan «que este tipo de impugnaciones se realizan de oficio cuando vulneran la ley y que también se han parado, de la misma manera, las de Madrid y Navarra».