Irlanda aprueba el matrimonio igualitario en un referéndum. En USA lo legaliza el supremo

Autor: Guillermo Castán Lanaspa, activista de Amnistía Internacional

Hace pocas semanas la ciudadanía de Irlanda aprobó de forma mayoritaria (62%) el matrimonio igualitario, entre personas del mismo sexo, a despecho de la postura beligerantemente contraria de la Iglesia Católica y de los grupos políticos y sociales más conservadores del país. A fin de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo ha legalizado en todos los estados, y hace no mucho tiempo las Cortes Supremas de México y de Brasil decidieron en el mismo sentido a pesar de la dura oposición de aquellos que no pierden la oportunidad de demostrar que eso de la igualdad de derechos no va con ellos.

En Inglaterra, Gales y Escocia ya se habían aprobado leyes similares entre julio de 2013 y febrero de 2014, momento en que el conservador Cameron colocó en su residencia una bandera arcoíris para dar la bienvenida al reconocimiento de este derecho. Postura que contrasta enormemente con la de los conservadores españoles, que salieron masivamente a la calle para protestar cuando aquí se aprobó la ley del matrimonio homosexual hace diez años y que recurrieron al tribunal constitucional para su abrogación.

A pesar de que el nuevo Papa haya afirmado que este referéndum es una derrota para la humanidad, Obama considera el fallo favorable del Supremo como una "victoria de América", y lo cierto es que los defensores de los derechos humanos lo consideramos de forma unánime como un avance significativo. Y el razonamiento es fácil de seguir: se trata tan solo de conectar el principio universal de la no discriminación entre seres humanos (no admitida por ninguna causa) con el derecho a todos reconocido de formar una familia y de contraer matrimonio. Y a pesar de las alarmas que algunos han puesto en marcha, en ningún lugar se ha verificado perjuicio alguno al matrimonio heterosexual por haber sido reconocido el matrimonio homosexual.

La oposición a los derechos de determinados colectivos es una cuestión ideológica indefendible desde la óptica de los Derechos Humanos, como han puesto de relieve los principales organismos internacionales.

En septiembre del año pasado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución histórica sobre "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género", en el que se reconoce que la discriminación que en este terreno se da en muchos países es contrario a los principios de la Declaración de los DDHH, pues "esta resolución no busca crear nuevos derechos [?] hay quienes sus derechos son violentados en mayor medida y necesitan una mayor protección." Y el representante de Colombia añadió que "lo que pedimos es parte del derecho internacional existente".

Y llama la atención, por lo contradictorio, que el gobierno de España copatrocinó la resolución, de modo que predica unas cosas a nivel internacional y actúa de otra a nivel nacional. Por ejemplo, la delegada del gobierno de Madrid ha avisado recientemente de la inconveniencia de colocar la bandera arcoíris en el ayuntamiento con ocasión del día del orgullo. Claro, que algo va cambiando cuando la Comunidad de Madrid ha izado esa misma bandera.

Pero la situación en el mundo es poco satisfactoria pues todavía 75 países penalizan la homosexualidad, ocho de ellos incluso con la pena de muerte, lo que demuestra la catadura moral de algunos dirigentes (déspotas) en algunas partes del mundo. Y ojito, porque en nuestras latitudes no faltan quienes afirman que no hay homosexualidad que resista una buena terapia de choque

Le moleste a Agamenón o le moleste a su porquero, los Derechos Humanos no son negociables, pertenecen a todas las personas en cualquier situación o circunstancia y nadie tiene el poder de arrebatárselos. Y desde luego tampoco dependen del resultado de una consulta popular; pero cuando se consulta, como en Irlanda, la respuesta es contundente.

Por eso en nuestras latitudes nos preguntan poco y de casi nada.