Alternativa Republicana rechaza la participación de cargos públicos en actos religiosos

Ningún cargo público en el ejercicio de sus funciones debería participar en los actos religiosos que se suceden en nuestro país durante las festividades de la pascua católica. Desgraciadamente hemos comprobado y seguiremos comprobando que la pretendida aconfesionalidad proclamada por la vigente Constitución de 1978 será incumplida por autoridades civiles y militares, que asisten a los eventos confesionales ejerciendo su cargo, y no, como debiera ser, como ciudadanos particulares. El último ejemplo es la presencia del rey Felipe y la presidenta electa de la Junta de Andalucía Susana Díaz en las procesiones que se celebran en Sevilla, despreciando el artículo 16 de esa Constitución que dicen respetar y defender.

Esta forma de actuar revela un sometimiento del poder público a unas determinadas creencias religiosas que es del todo incompatible con la pluralidad social de los

ciudadanos y ciudadanas de nuestro país entre los que los hay no católicos y no creyentes en religión alguna, que merecen el respeto que supone la separación rigurosa entre el Estado y las confesiones religiosas.

Por otra parte, también se observa la presencia de representaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas escoltando las imágenes que desfilan por las calles en estos días, poniendo estos cuerpos públicos armados bajo advocaciones religiosas. Aparte de lo pintoresco que esta circunstancia pueda resultar, es absolutamente inadmisible que aquellos que tienen la capacidad utilizar la fuerza en interés público deban tener algún tipo de creencia colectiva como institución.

En Alternativa Republicana entendemos que la democracia como tal solo es compatible con un Estado Laico en el que las creencias religiosas o la ausencia de estas quedan restringidas a la esfera privada de cada ciudadano.

Finalmente, ALTER expresa con toda claridad que respeta las creencias religiosas de todo tipo, siempre que estas sean respetuosas con los derechos humanos, y defiende la libre práctica de cualquier religión, tanto en el ámbito privado como en el público sin que ello suponga intromisión de la religión en la actuación del Estado.