Aunque el porcentaje de rendición de cuentas ha aumentado un 21% en los últimos años, una treintena de ayuntamientos tiene pendiente presentar la liquidación corresponiente a 2013
A falta de poco más de dos meses para las elecciones municipales, el 92% de los ayuntamientos de la provincia de Salamanca cierra la legislatura habiendo rendido sus cuentas ante el organismo regional encargado, tal y como recoge la ley, de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público, si bien hay un 8% (29 municipios) que, según datos actualizados del Consejo de Cuentas a fecha de 15 de marzo, todavía tienen pendiente remitir, en este caso, la liquidación de los presupuestos de 2013. Y otro dato, entre ellos hay 7 ayuntamientos que no lo han hecho nunca. Esto quiere decir, según datos del propio Consejo de Cuentas de Castilla y León, desde el año 2003, fecha de su creación, no han facilitado información de ninguno de sus presupuestos anuales.
El porcentaje de rendición de cuentas ha aumentado un 21% entre los años 2006 y 2011, al pasar de los 273 municipios que presentaron la liquidación de 2006 a los 332 que lo han hecho con las cuentas de 2013. Aunque los ayuntamientos se han vuelto más cumplidores en los últimos años -no solo con el Consejo de Cuentas, también con el Ministerio de Hacienda por la obligatoriedad de la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local-, todavía quedan, a fecha de hoy, casi una treintena en la provincia que están pendientes de remitir la liquidación de las cuentas de 2013 (lo harán fuera de plazo ya que este concluía en octubre de 2014).
Pero el dato que más llama la atención es el de los 7 ayuntamientos, todos pequeños municipios, que nunca han rendido sus cuentas a este órgano regional. Los ayuntamientos en cuestión son Agallas, Doñinos de Ledesma, Encina de San Silvestre, Gejuelo del Barro, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Serradilla del Arroyo, Trabanca y Villaseco de los Gamitos.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León, órgano dependiente de las Cortes regionales, puede fiscalizar pero no tiene capacidad de imponer sanciones a los municipios incumplidores, como la retención de fondos que aplica el Ministerio de Hacienda.