La tortura en la España democrática

Treinta y cinco años después de aprobada la actual Constitución, que recoge todas las garantías, derechos y libertades de las democracias avanzadas, nuestro país sigue bajo el manto de la sospecha en relación a la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que aunque no de forma sistemática, pero mucho más que de forma puntual, se denuncian por parte de detenidos, familiares y abogados contra las fuerzas de seguridad del Estado. Y estas sospechas ?algunas confirmadas por tribunales nacionales- ponen en solfa la calidad de nuestra democracia y el prestigio de políticos, jueces y policías, pues no parece que se estén tomando las medidas necesarias para prevenir tales prácticas, investigarlas y sancionar a los culpables. La mezcla de torturas y malos tratos con impunidad es un cóctel explosivo cuya primera víctima es el prestigio de las instituciones y la democracia misma.

Y es que, en los dos últimos años, varios organismos internacionales afirman que España no hace lo que debe para atajar las torturas y malos tratos policiales. El último en pronunciarse ha sido el Comité Europeo para la prevención de la tortura, que reitera unas críticas que viene haciendo a los gobiernos españoles desde hace veinte años. Según este Comité, aunque no sea una práctica sistemática, las torturas y los malos tratos no son incidentes aislados en nuestro país, y ello porque no se toman medidas eficaces, como investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes para aclarar las denuncias, sobre todo en caso de detenidos incomunicados (hasta 13 días puede estar en España, caso insólito en Europa, un detenido sin abogado y médico de su elección y sin contacto con familiares, lo que, en opinión general, facilita los malos tratos); cuando se investiga porque hay indicios innegables, aparece la impunidad al ser "imposible" identificar a los autores, y cuando se identifican porque haya pruebas suficientes, vienen los juicios, y tras las condenas, si se pronuncian ?muy pocas y tras años de trámites judiciales- suelen aparecer los indultos. Por eso se oye decir a menudo que en nuestro país la tortura queda oculta en el manto del silencio corporativo y de la impunidad, lo cual no ayuda precisamente a su desaparición.

Por estas razones, Amnistía Internacional viene pidiendo año tras año que se acabe con el régimen de incomunicación de detenidos, que se cree un organismo independiente para investigar de forma rápida, completa e imparcial las denuncias y que se tomen otras medidas como la colocación de cámaras de grabación bajo control judicial que recojan el paso de ,los detenidos por las dependencias policiales. Amnistía afirma que de este modo los miembros de las fuerzas de seguridad quedarían a resguardo de las denuncias falsas que puedan producirse ?y que de hecho se producen-.

Por otro lado, en el contexto del incremento de las protestas ciudadanas con ocasión de las graves consecuencias que padecemos por la actual crisis ?que es una crisis de derechos humanos, y no solo una crisis económica, macroeconómica- se ha denunciado en numerosas ocasiones el uso excesivo de la fuerza con resultado de malos tratos policiales. Las investigaciones sobre todo ello, en general, no han sido intensas ni eficaces y no han logrado prosperar porque los policías, en contra de las disposiciones legales vigentes, no iban identificados.

El apaleamiento a veces brutal de ciudadanos que protestan pacíficamente, el uso de medios antidisturbios que ocasionan lesiones muy graves y las detenciones aleatorias de manifestantes ponen de relieve una respuesta política inadecuada para una democracia avanzada como la nuestra, donde por increíble que parezca un alto mando policial ?nombrado por el anterior gobierno y mantenido en el cargo por el actual- puede calificar de "enemigo" a los ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales.

Pues bien, los casos de tortura y de malos tratos que se denuncian son muestra de defectos estructurales que afectan a la prevención, investigación y castigo de estos actos abominables. Existe una especie de protección o de manto de impunidad totalmente inadmisible. A menudo los propios tribunales hablan de lagunas y fallos en la investigación que desarrollan las autoridades, de modo que es muy difícil establecer la verdad de los hechos. Algunas críticas recientes en este sentido proceden, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Alicante, del Comité de la ONU contra la tortura o del Comité Europeo para la prevención de la tortura.

Pero el Estado español hace oídos sordos a las críticas y recomendaciones y continua haciendo gala de falta de voluntad política para reconocer la existencia de la tortura y de los malos tratos, no toma medidas eficaces contra estas prácticas y facilita la impunidad. Así es como tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han criticado a los gobiernos españoles por no investigar denuncias de tortura.

Y la condena internacional contra el Estado español también se ha producido recientemente, lo que perjudica enormemente a eso que ha venido en llamarse "la marca España": En 2012 el Comité contra la tortura de la ONU dictaminó, ante una denuncia, que España había violado el artículo 12 de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, de la que es firmante y se ha comprometido a respetar; y poco después el Tribunal Constitucional sentenció lo mismo en otro caso también vinculado con el régimen especial de incomunicación.

Esta es la situación.

TEXTOS:

Declaración de los derechos humanos de 1948, artículo 5: Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Constitución española de 1978, artículo 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes.