Sombras alargadas

Cuando en junio de 1990 el entonces Presidente de los Estados Unidos, George Bush (padre), anunció su intención de crear un Área de Libre Comercio (ALCA) desde Alaska a la Tierra del Fuego, las grandes y poderosas empresas estadounidenses y canadienses se frotaron las manos. Ante sus codiciosos ojos se presentaba un nada despreciable mercado de 800 millones de personas. Pero las sociedades civiles de los países sudamericanos no lo vieron de la misma forma, pues entendieron que podrían suponer importantes pérdidas de Soberanía Nacional a la hora de tomar decisiones políticas en materias tan básicas como la salud, la protección del medioambiente o la contratación de obra y servicios públicos, entre otras.

La fuerte oposición que una ingente cantidad de colectivos sociales de los países que podrían verse afectados presentó, junto a un conjunto de propuestas alternativas, freno inicialmente aquella disparatada propuesta. Pero la largada sombra del poder norteamericano logro que en años posteriores se fueran materializando acuerdos bilaterales con algunos gobiernos centroamericanos y sudamericanos.

A las similitudes que con aquel acuerdo presenta el que en la actualidad negocia la Administración del Presidente Obama y la Unión Europea - Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión - hay que sumarle el gran secretismo con el que se están desarrollando las conversaciones. La información sobre los contenidos resulta prácticamente opaca a la Sociedad Civil de los países que integran la Unión. De los escasos apuntes que se han "filtrado" se desprenden algunas consecuencias preocupantes que se podrían producir si, finalmente, dicho tratado fuera aprobado por el Parlamento Europeo.

Uno de ellos estaría relacionado con la propiedad intelectual, ya que los acuerdos garantizarían a las corporaciones extranjeras el derecho a patentar tanto productos (medicamentos), como procesos (investigación) y materiales orgánicos (semillas y derivados) con carácter de propiedad exclusiva, lo que les facultaría para fijar el precio y eliminar la competencia. El reciente debate sobre el acceso al Sovaldi para afectados por la hepatitis C podría ser un claro ejemplo.

Pero a esto debe sumarse otra cuestión de gran relevancia, la llamada cláusula de controversias "inversionista-estado". Los grandes inversionistas extranjeros podrían reclamar a los estados compensaciones cuando consideraran que sus beneficios se han visto afectados negativamente por leyes o disposiciones nacionales o municipales. Además, los conflictos que pudieran darse no serían competencia de los Tribunales de Justicia nacionales, pues serían resueltos por Organismos de Arbitraje Internacionales, cuyos integrantes designaría la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial.

En resumen se trata de una externalización de competencias legislativas y judiciales con lo que se debilitan los Estados al recortarse de forma muy importante su soberanía para dictar leyes y reformas que puedan afectar el "libre comercio". Con ello el derecho corporativo (el de las empresas) que funciona en interés exclusivo de la obtención de beneficios se opondría al derecho público nacional que persigue, al menos así debiera ser, el bien común.

Como ya he dicho, sólo podemos especular sobre algunos aspectos de lo que se está "cociendo", ya que el secretismo es casi total, pero no es disparado suponer que algunas de las intenciones subyacentes podrían ser: eliminar regulaciones comerciales e industriales, garantizar los privilegios de las grandes multinacionales eliminando competidores, flexibilizar los contratos y recortar derechos laborales o privatizar los servicios públicos. Seguro que a muchos de ustedes les suenan estas viejas recetas del neoliberalismo económico ya aplicada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en muchos países y que ahora planean sobre Europa, en esta ocasión bajo la alargada sombra de los intereses del poderoso aparato norteamericano.

En este año 2015, todo apunta que se darán importantes cambios políticos y por ende sociales, algunos ya se están produciendo, tanto en Europa como en España y la Sociedad Civil debe estar preparada y organizada para asumirlos de forma sensata y coherente, presentando propuestas alternativas realistas y viables, pero enfrentando de forma decidida y coordinada la defensa derechos económicos, sociales o políticos ya conquistados y combatiendo todo aquello que pudiera llegar a suponer recortes en ellos.

Debemos exigir "luz y taquígrafos" cuando nuestros representantes políticos negocian acuerdos que nos afectarán a todos de forma directa. Es un derecho, una norma básica de la convivencia democrática, pero también es un derecho ciudadanos demandar, con la contundencia necesaria, la información si los gobernantes no la dan. Y es que como ya anticipo el cronista y pensador francés Montesquieu: No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.