El 15 de mayo deja de estar en vigor la Ley 1/2013, que permite a muchas familias continuar en su vivienda propiedad de las entidades bancarias
El Consejo de Ministros aprobó ayer una moratoria de dos años más para los desahucios, hasta 2017. Uno de los principales temores mostrados recientemente por colectivos como Stop Desahucios era la avalancha de desahucios que podía producirse a partir del 15 de mayo, fecha en la que dejaba de estar en vigor la Ley 1/2013, que permitía a muchas familias continuar en su vivienda propiedad de las entidades bancarias. Con esta prórroga, los colectivos más desfavorecidos podrán continuar en su casa dos años más.
Los supuestos de especial vulnerabilidad serían familia numerosa, unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo, unidad familiar de la que forme parte un menor de tres anos, unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situacion de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, nidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situacion de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo;.
Tamnién la unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o mas personas que esten unidas con el titular de la hipoteca o su conyuge por vinculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situacion personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral; unidad familiar en que exista una victima de violencia de genero, conforme a lo establecido en la legislacion vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual y deudor mayor de 60 anos.
A este acuerdo del Consejo de Ministros se suman otros de marcado carácter social como la "segunda oportunidad", con el fin de conciliar intereses de acreedores y deudores mediante procedimientos con garantías, que permitirán afrontar el pago de las deudas de forma ordenada. La nueva norma amplía y flexibiliza los acuerdos extrajudiciales de pagos para mejorar su eficacia, y facilitar la reestructuración de deudas de forma ágil y sencilla. Los particulares también podrán acceder a estos acuerdos, además de los empresarios y empresas. Se convierte en un instrumento más eficaz y se logra un marco de reestructuración de deudas homogéneo y coherente. También se permite que los acuerdos se extiendan a los acreedores con garantía real cuando concurran las mayorías previstas.
Asimismo, se amplía el colectivo protegido por el Código de Buenas Prácticas a quienes se excluye de las 'cláusulas suelo' de las hipotecas.