La exsenadora Elena Diego acusa al interventor de sentarla en el banquillo tras acosarla sexualmente

La exsenadora socialista y exalcaldesa de Villamayor Elena Diego ha comparecido este miércoles en el Tribunal Supremo en la primera sesión del juicio por un presunto delito de prevaricación administrativa, en concreto, por la contratación presuntamente irregular de dos monitoras, así como un delito continuado de nombramiento para cargo público sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. Diego reiteró su confianza en ser absuelta ya que, como aseguró al término de la sesión en declaraciones a los medios de comunicación, se limitó a hacer lo que los técnicos le dijeron, negando haber hecho un contrato ilegal en ningún momento. Su participación, ha declarado, era la de dictar las resoluciones finales, no considerando su obligación la de constatar que los contratos estaban correctamente realizados, máxime si tenemos en cuenta que son anteriormente revisados por los servicios técnicos municipales e intervención.

En su comparecencia en la sala, la exsenadora sí ha responsabilizado, con nombres y apellidos, directamente al interventor municipal, al que ha acusado de acoso sexual y el cual, ante su negativa, la habría amenazado con terminar con su carrera política. Aunque el entonces interventor del Ayuntamiento también estaba citado para declarar como testigo, no se ha presentado. Según ha señalado Elena Diego, éste dejó posteriormente el Ayuntamiento, tras el acuerdo de la Corporación Municipal y tras conocerse la situación que, subraya, había vivido.

Lo que no hizo la exsenadora fue presentar denuncia en su día contra el que fuera interventor. Sí denunció al presidente de la plataforma vecinal, y concejal en el equipo de Gobierno actual, aunque ésta fue archivada, por considerar que ha tenido contra ella una actitud de «persecución política».

La Fiscalía pide para Diego su inhabilitación para cargo público durante 8 años, mientras que las acusaciones particular y popular piden además el pago de una indemización 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Indemnización que de modo solidario también se solicita a la entonces concejal Cándida Egido, encausada por cooperación necesaria.

Cabe recordar que Diego es juzgada por el Supremo dada la condición de aforada de Elena Diego en el que momento en el que se abrió la causa, habiendo dimitido de su cargo de senadora el pasado mes de septiembre. Está previsto que el juicio continúe este jueves.