Piden a la Junta que ponga coto a las gasolineras desatendidas

Comisiones Obreras, UGT, CEEES (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios) y AEVECAR (Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles) han acordado solicitar a la Junta de Castilla y León que obligue a todas las estaciones de servicio de la Comunidad a tener personal y a cumplir las mismas exigencias normativas. Esta determinación se ha llevado a cabo ante la rápida proliferación de estos centros de repostaje de carburantes en la región.

De las 773 estaciones de servicio censadas en este territorio, unas 50 responden a este perfil de no contar con ningún operario, abono vía tarjeta de crédito e incumplimiento sistemático de la legislación en materias de seguridad industrial y personal, consumo, medio ambiente, discapacitados, y transporte ADR. Por todo ello, los allí reunidos ven en ellas una competencia desleal que perjudica a la ciudadanía y supone un claro riesgo para su seguridad. De ahí que hayan solicitado una reunión urgente con el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, para dar una solución a este espinoso asunto.

A la reunión celebrada en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) acudieron Gonzalo Díez Piñeles (secretario general de CCOO Industria Castilla y León), Juan Pedro Martínez Bastida (responsable del sector energético de FITAG-UGT de Castilla y León), Rafael Pizarro Crespo (AEVECAR), y Carmen Sáenz de Miera Martínez (CEEES).

Todos coincidieron en reclamar al gobierno autonómico que siga el ejemplo de regiones como Castilla-La Mancha, Navarra, Aragón y Andalucía y modifiquen la ley de ámbito estatal que regula este tipo de instalaciones a las que atribuyen una clara competencia en condiciones desiguales y el incumplimiento de normativas relacionadas con las condiciones de seguridad y técnicas que requieren ese tipo de servicio. Además, todos ellos incidieron en que las estaciones desatendidas provocaron la pérdida de unos 450 empleos en todo el país el pasado año, y la tendencia se incrementará si no se pone remedio.

"Queremos hacer un llamamiento al gobierno regional para que tome cartas en el asunto y regule estos negocios que no siguen las mismas reglas del juego que el resto de negocios del sector que sí que cumplen con las medidas de seguridad que mínimamente hay que reconocer. A nadie se le ocurriría poner un polvorín sin vigilancia. Las gasolineras desatendidas pueden ser focos de hasta posibles atentados", afirmaba nuestro compañero Gonzalo Díez.

Así, aluden tanto al riesgo de incendios y otros incidentes -incluso atentados terroristas- como al uso indebido de los surtidores o a la ausencia de vigilancia directa para que no se incumplan las normas de seguridad establecidas para este tipo de negocios.

Insisten en que no quieren que desaparezcan pero sí que se les obligue a que tengan personal y cumplan los requisitos de todo tipo que se les exigen a quienes sí crean empleo. También, aluden a que impiden el acceso de todo el mundo al servicio, que se hace imposible para discapacitados e insisten en que una mercancía peligrosa como es el combustible no debe ofertarse sin el debido control. "Es una competencia desleal que perjudica al empleo y a la seguridad", concluyeron.