Profesor de Derecho Penal de la Usal
Malos presagios electorales tienen que prever los asesores del PP cuando el Gobierno, desesperadamente, busca apoyos en los sectores más reaccionarios de la sociedad: la derecha más casposa e intolerante, con reformas procesales y penales disparatadas como la aprobación del nuevo Código Penal, que reinstaura, después de su derogación hace casi un siglo, la cadena perpetua, algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera de dudoso encaje en la normativa internacional, concretamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y las penas y tratos inhumanos o degradantes.
En el proyecto español, además, los duros requisitos exigidos para que un condenado por "prisión permanente revisable" pueda conseguir la libertad en la revisión realizada, bien a los 25 o 35 años de cumplimiento efectivo de pena, tienen una ambigüedad muy elevada y, por otro lado, tampoco se ajusta a la orientación resocializadora de las penas prevista en nuestra Carta Magna.
Bien es cierto que en varios países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido ó Bélgica, existe la cadena perpetua, pero en éstos la revisión de la condena se produce mucho tiempo antes (a los 15 años en Alemania, por ejemplo, 18, 22 o excepcionalmente 30, como en Francia o Italia, que establece que la privación de libertad no puede prolongarse más allá de los 30 años) y la certeza de obtener la libertad es real y efectiva en un determinado momento de cumplimiento de pena, siempre antes que en el proyecto español.
Un ejemplo significativo es la reforma emprendida por el Reino Unido recientemente que preveía que en algunos casos el condenado no pudiera salir de prisión nunca y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la anuló y declaró contraria al Convenio de Derechos Humanos en el año 2013.
Es la primera vez en la historia de nuestra joven democracia que una norma de tan importante calado como es el Código Penal (que, recordemos, supone una 'Constitución negativa' por la drástica privación y restricción de bienes jurídicos prevista su normativa, como la libertad ambulatoria para quién haya cometido delitos), es aprobada en el Congreso de los Diputados por un solo grupo político (el mayoritario, que disfruta de mayoría absoluta o mejor dicho, absolutista) y que se ha pasado por el 'arco de triunfo' los informes preceptivos de tan importantes órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, además de la doctrina jurídico penal más consolidada: 63 catedráticos de Derecho Penal de distintas universidades españolas han emitido un manifiesto claramente contrario al texto aprobado por el Grupo Popular en el Congreso. Es, por otro lado, incomprensible que se incremente la dureza del Código precisamente en un país, como España, que tiene las tasas de delincuencia más bajas de la Unión Europea.
Pero ese 'populismo punitivo' no sólo quiere venderlo electoralmente el PP con el endurecimiento del Código Penal, sino utilizando el altavoz social de sus medios de comunicación afines para dar a entender a los ciudadanos que la seguridad es lo más importante, que estamos en un estado de terrorismo y delincuencia permanente e inmisericorde y que la única solución (pobre y simplista) es trasladar ese mensaje a la sociedad, de dureza inquisitorial.
Hay que reconocer que ese mensaje cala rápidamente en el electorado, pero es engañoso y torticero, porque la situación real no es esa. Lo que hace falta es implementar más educación, más políticas sociales de equilibrio económico que diluyan las desigualdades. Desarrollar, en definitiva, ese Estado del Bienestar que tan buenos resultados ha dado donde se ha practicado con rigor y seriedad (países nórdicos, por ejemplo). Un Estado Social y Democrático de Derecho tiene que analizar las causas de los problemas sociales y abordarlos con medidas efectivas y con el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad y la justicia.
Esa utilización torticera de los medios por parte del Gobierno la podemos comprobar de forma cotidiana. Hace unos días en uno de esos informativos las primeras noticias difundidas y en la hora más concurrida, fueron la detención del terrorista Santi Potros y el acto que el PP había organizado en el País Vasco en apoyo a las víctimas del terrorismo, como si el PP fuera la única formación política que abomina esta salvaje delincuencia (y así busca votos, aunque sea desesperadamente).
Contra el terrorismo estamos todos, sin duda y sin paliativos, pero hay que analizar las circunstancias actuales que, afortunadamente, no son las mismas que en los años de plomo, porque ETA ha dejado de matar. En cambio, ese informativo silenciaba otras noticias relevantes (aquél día saltó la de la posible implicación en casos de corrupción del número 2 del Gobierno de la Comunidad de Madrid o los informes de la fiscalía que acreditan la existencia de caja B en el PP).
Todo esto me recuerda a aquél pasaje Cervantino en el que Don Quijote, confundiendo los molinos de viento con peligrosos y abominables gigantes, le dice a Sancho: "Porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren treinta o poco más desaforados gigantes con quién pienso hacer batalla, y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer: y esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra".
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