Organizaciones ecologistas rechazan la nueva Ley de renacionalización de transgénicos porque entienden que amenaza a la agricultura ecológica
Este martes el Parlamento Europeo ha votado a favor de la nueva ley que dará la posibilidad a los Estados miembros de restringir o prohibir el cultivo de transgénicos en sus territorios. Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en acción y PALT consideran que esta decisión va a repercutir negativamente en el sector agrícola español con la entrada masiva de cultivos transgénicos.
España es el país con más superficie de cultivos transgénicos en la Unión Europea, muy por encima de los otros cuatro Estados que producen comercialmente organismos modificados genéticamente (OMG), República Checa, Eslovaquia, Rumanía, y Portugal. En la actualidad, hay un único cultivo transgénico permitido en Europa, el maíz transgénico MON810 de Monsanto, pero con esta nueva ley, el Estado podría abrir la puerta a muchas más variedades.
En este contexto y en opinión de estas organizaciones, la decisión final de aceptar la propuesta sitúa al Estado español en una "posición muy vulnerable", pues entienden que la ley agilizará la tramitación de autorizaciones de nuevos transgénicos a nivel europeo. Para España, "esto significaría la entrada masiva e incontrolada de cultivos transgénicos, contaminación transgénica de la cadena alimentaria, y afectaría seriamente al sector de la agricultura ecológica", campo en el que en 2013 se encontraban más de 1,6 millones de hectáreas, 34.000 operadores y casi cuatro mil industrias.
Compromisos técnicos inherentes
Existe la opción, que dependerá del Estado, de que la primera valoración sobre la prohibición o no de un cultivo OMG provenga de las empresas biotecnológicas. Aunque los gobiernos también pueden prohibir el cultivo sin la intromisión de la industria. Las organizaciones firmantes critican la idea de que los estados soberanos y gestores de riesgos pidan permiso a las empresas para tomar una decisión sobre los cultivos transgénicos en sus territorios.
A su vez, los gobiernos tienen el derecho de prohibir grupos de cultivos transgénicos, ya sea por variedad de cultivo o por características del mismo, por ejemplo, todas las plantas de maíz transgénico o todos los cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas.
También, los estados pueden iniciar la prohibición de los cultivos tanto en el proceso de autorización europeo como posteriormente, hasta la duración total de 10 años. Además, el gobierno puede levantar una prohibición existente sin previo aviso.
Asimismo, con la nueva ley se corre el peligro de crear una 'Europa de dos velocidades': aquellos Estados más sensibles ambientalmente y más preocupados por la sostenibilidad de su agricultura tendrán la posibilidad de prohibirlos en su territorio, mientras otros estados miembros darán vía libre a la entrada de nuevas variedades transgénicas.