Se trata del director de Área de Fomento, Manuel Borrego, y del coordinador de Vialidad, ya que un informe interno desvela que cinco empresas acumularon una facturación de más de 12 millones en procesos "que crean dudas"
Dos funcionarios de la Diputación de Salamanca han sido apartados temporalmente de sus funciones, como consecuencia de un informe que desvela presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de suministros y servicios para la conservación de carreteras, entre 2007 y 2014, a cinco empresas que acumulan un volumen de más de 12 millones de euros. Se trata del director de Área de Fomento y del coordinador de Vialidad.
Según desvelaba el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, el diputado de Fomento, Carlos García Sierra, había percibido ciertas anomalías por lo que se encargó una investigación, realizada por empleados de La Salina. Ésta concluía que en muchos de los contratos, en los procedimientos negociados sin publicidad que permite la Ley, se invitaba a tres de estas empresas y dos no presentaban oferta, para que la adjudicación fuese para la tercera. Además, estas cinco empresas, que lograron adjudicaciones tanto en procesos abiertos (por un importe de 8 millones de euros), como en contratos menores (por unos 2 millones de euros) pertenecen a las mismas personas o a familiares.
El asunto queda en manos del Fiscal
Por todo esto, la Diputación ha tomado tres medidas. En primer lugar, se ha trasladado toda la documentación al Fiscal, para que indague y compruebe se ha cometido algún delito. Por otra parte, se ha suspendido temporalmente a los dos funcionarios presuntamente implicados. Y, por último, se creará una Comisión Extraordinaria para facilitar toda la información.
"No prejuzgamos, queremos despejar dudas y por eso hemos tomado medidas proporcionales y respetuosas con los trabajadores implicados", comentaba Iglesias que, al mismo tiempo destacaba que la intención de la Diputación con todo este proceso es "salvaguardar el interés público, que no exista ningún tipo de duda sobre esta institución y sobre sus dirigentes, porque la transparencia es lo primero".
Por su parte, el diputado de Fomento, Carlos García Sierra, reconocía que el informe se solicitó porque "había detectado un exceso de obra". En cuanto a la reacción de los dos funcionarios presuntamente implicados, según detallaba el diputado, cuando se les preguntó por esos contratos, "aseguraron que todo estaba conforme a la reglamentación".
Por último, Iglesias recordaba que el PSOE está informado de todas las adjudicaciones por estos procedimientos abiertos y negociados, que de los contratos menores se da cuenta en los plenos y que desde 2008 se publican todos en la web de La Salina.