Fermoso y LLamas tiran balones fuera y responsabilizan al FROB y clientes de la venta de las...

Los ex-directivos de Caja España-Duero declararon este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que la venta de preferentes estaba autorizada por el FROB, entidad de supervisión del sistema bancario, y contaban con el consentimiento de los propios usuarios.

Así lo ha afirmado el abogado de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Santiago Díez, al término de la vista oral ante el alto tribunal, donde los ex-presidentes Julio Fermoso y Santos LLamas han repartido culpas entre el Frob y los compradores de preferentes, que conocían la dinámica y el producto.

De acuerdo al testomonio del abogado defensor de los consumidores, en un momento de la declaración los ex-dirigentes de las cajas castellanoleonesas llegaron a señalar que fueron los propios preferentistas los que reclamaban la compra de estos productos e insistieron en que conocían perfectamente su contenido y la letra pequeña.

Díez calificó de "chucas" estas afirmaciones en sede judicial, "más propias de quienes quieren eludir responsabilidades" ante un problema grave.

Como informó SALAMANCArtv AL DÍA, Ocho directivos de Caja España y Caja Duero declaran como imputados por la venta de preferentes entre los años 2009 y 2010. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interroga estos días a ocho exdirectivos como responsables de la emisión y comercialización de deuda subordinada y preferentes.

Los entonces presidentes de Caja España, Santos Llamas, y Caja Duero, Julio Fermoso, los exdirectores generales, Javier Ajenjo y Lucas Hernández declararán este miércoles mientras que mañana 23 de octubre lo harán ek antiguo director financiero de Caja España Antonio Fernández, su homólogo en Caja Duero Arturo Jiménez y el exdirector comercial de Caja España Óscar Fernández y el director comercial en Caja Duero.

Las citaciones, avaladas por la Fiscalía, son consecuencia de la interposición de una querella contra ambas entidades por parte de la Unión de Consumidores de Castilla La-Mancha, que les atribuye presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Las denuncias no obstante han sido arropadas por los colectivos de consumidores de Castilla y León y particulares, organizados a través de plataformas, que se han venido movilizando en los últimos meses contra la política de gestión de deuda subordinada y preferentes.

En su resolución para que los ex-directivos declaren, Velasco requiere diversa documentación a Caja España de Inversiones, Caja Duero y Banco CEISS, así como a la CNMV y al mercado AIAF -mercado de referencia para la deuda corporativa o renta fija privada- sobre la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada en 2009 y 2010. La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 es consecuencia de la decisión adoptada el pasado mes de julio por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que admitió un recurso contra la decisión inicial de este magistrado de archivar el procedimiento.

Como se avazó ya a finales del pasado mes de agosto y esgrimiendo los argumentos que ya utilizó para estimar una querella similar sobre la emisión de preferentes en Caja Madrid y Bancaja, la Sala defendió que la deuda subordinada y las preferentes deben ser objeto de investigación.

Justificaba su postura en el hecho de que la comercialización de estas participaciones para "poder retrasar u ocultar el deterioro económico de las entidades querelladas", que utilizaban estos productos financieros para captar activos y convertían los depósitos de los minoristas en pasivo para "enmascarar" la situación "difícil" que atravesaban, "a costa y en perjuicio" de sus clientes.

El auto de la Sala también señalaba que tanto las obligaciones preferentes como la deuda subordinada son productos "complejos" que las entidades vendieron de forma "masiva".

Al igual que en otros casos, este tribunal cree que los empleados de las sucursales se limitaban a vender el producto financiero siguiendo las instrucciones de los órganos directivos y, si omitieron información o el inversor cree que fue engañado, parece "lógico pensar" que actuaban según unas directrices. No obstante, recuerda que los perjudicados pueden acudir a la vía civil o penal de los tribunales territoriales donde se encuentran esas oficinas bancarias.

La entonces Caja España realizó dos emisiones de Participaciones Preferentes en fechas 11 de noviembre de 2004 por un total de 150 millones de euros y el 19 de mayo de 2009 por 200 millones, ofreciendo un tipo de interés del 5,15 y del 8,25 por ciento, respectivamente. La periodicidad del pago del cupón, en ambos casos, era trimestral.

Por su parte, Caja Duero también realizó dos emisiones, una en el año 2003 y otra el 25 de marzo de 2009, esta última por importe de 100 millones y con un tipo de interés del 8,75 por ciento. El pago del cupón tenía también una periodicidad trimestral.

Las dos entidades que ahora son Banco Ceiss hicieron llegar a sus clientes las emisiones, comercializando éstas a través de sus redes de oficinas. Sin embargo, fue el 5 de febrero de 2013 cuando Banco CEISS, heredero de ambas entidades, puso en conocimiento de la CNMV un hecho relevante, la imposibilidad de abonar los cupones emitidos.