Jubilados y pensionistas de CCOO y UGT reclaman que se garantice su poder adquisitivo

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, los jubilados y pensionistas de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han elaborado un manifiesto dirigido al presidente Mariano Rajoy y que le han entregado este miércoles al Subdelegado de Gobierno.

Manifiesto de jubilados y pensionistas de CCOO y UGT

En el Día Internacional de las Personas Mayores, los jubilados y pensionistas pertenecientes a CCOO y UGT, queremos hacer oír nuestras voces en medio de las graves circunstancias por las que está atravesando nuestro país.

Durante estos últimos años, venimos diciendo que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las medidas idóneas. Las políticas denominadas "de austeridad" puestas en marcha están socavando el débil desarrollo del Estado de Bienestar a la vez, están teniendo una fuerte incidencia en las condiciones de vida de la población de más edad. La continua sucesión de reformas laborales, que conllevan una intensa rotación y una elevada precarización, con la consiguiente reducción de salarios y un aumento desmesurado del paro; los recortes en sanidad, pensiones o dependencia se están traduciendo en una significativa reducción de los recursos materiales disponibles para la población mayor, a la vez que suponen un importante obstáculo en el acceso a sus derechos, limitando de esta forma la igualdad y participación democrática en el ejercicio de los mismos.

Pero no es menos cierto que en las políticas destinadas a la vejez, España sigue mostrando un importante déficit con respecto a la media europea, no obstante el Gobierno sigue con los recortes y los primeros en sufrirlos mes tras mes, somos el colectivo de mayores. Un colectivo que es muy vulnerable a estas políticas, las personas mayores estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones, únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 30 por ciento de los hogares, y de un 27,3 por ciento en el caso de que el sustentador principal sea una persona mayor de 64 años (sea o no pensionista) a pesar de que más del 54% de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI.

Tenemos que tener en cuenta que con respecto al sistema de pensiones, lo que determina su viabilidad no es la correlación entre jóvenes y ancianos como nos quieren hacer ver, sino la existente entre población activa ocupada y no ocupada. Lo que hoy está minando el sistema público de pensiones no es la evolución demográfica. Son los seis millones de parados, la falta de horizonte laboral para más del 50% de los jóvenes y la todavía débil y desigual incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

Ahora el Gobierno cediendo a las presiones de Bruselas impone que las pensiones suban solo un 0.25% en los tres próximos años, el mínimo previsto por la última reforma del sistema de pensiones, lo que supondrá una pérdida de unos tres puntos de poder adquisitivo de los pensionistas, según la evolución de los precios que el Gobierno prevé para ese periodo.

Y es esta pérdida continuada del poder adquisitivo, (3.9% en los últimos 4 años), lo que hace que nuestras pensiones se deprecien constantemente, viendo como pensionistas que hasta hace muy pocos años gozaban de una pensión decente y que les hacía tener una vida holgada, hoy están muy por debajo de aquella situación y acercándose al umbral de la pobreza.

En lo relativo a la Ley de Dependencia, los pensionistas y jubilados de UGT y CCOO no permitiremos que ningún Gobierno recorte derechos ni financiación ya que luchamos mucho para conseguirla y seguiremos en la lucha a pesar de las dificultades para conseguir que el Sistema de Dependencia se cumpla como fue acordado por el Gobierno y los agentes sociales en el año 2006.

Porque la aprobación de la ley de Dependencia supuso el mayor avance en protección social en los últimos treinta años. De la misma manera que la ley general de Sanidad Pública permitió a seis millones de pobres entrar en la red pública sanitaria y las pensiones no contributivas garantizaron una prestación a los mayores de 65 años sin ingresos. La ley de Dependencia al ser reconocida como un derecho subjetivo de la ciudadanía y con un soporte financiero para llevarlo a cabo, ofrecía a los ciudadanos de este país, un servicio una vez se le reconociera su grado de dependencia. Pero ya Rajoy, desde el principio, dijo que el sistema era insostenible y a través de la publicación de sucesivos decretos, está derogando esta ley de forma encubierta.

Vemos como se viene reduciendo de forma constante su nivel de cobertura y el número de personas atendidas, desde los recortes impuestos en el verano de 2012. Desde ese momento, el sistema ha perdido un total de 104.379 personas con derecho a estar atendidos y el número de quienes reciben una prestación efectiva se ha reducido en 46.349 personas dependientes. Por lo que es seguro que esta Ley condenará a cientos de miles de dependientes a la exclusión social, con el peligro añadido, el de estar creando una alarma social de difícil control en el futuro.

Especialmente graves resultas los recortes sufridos en sanidad, pues el Gobierno en realidad se ha limitado a imponer una reducción lineal del gasto público, anteponiendo esta objetivo económico a los efectos que sobre la salud puedan tener dichos recortes. Las principales líneas para ello han sido:

- Imposición del copago farmacéutico y aumento importante de las listas de espera para intervenciones y consultas a especialistas.

- Aumento del número de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en ocasiones por considerarlos "indicados en el tratamiento de síntomas menores", lo que implica que el enfermo debe costearlos íntegramente y que su precio deja de estar supervisado por el Ministerio por lo que en la práctica se ha incrementado considerablemente.

- Reducción de la cartera de prestaciones, exclusión del transporte de enfermos, exclusión de prestaciones ortoprotésicas, etc.

- Potenciación de las fórmulas de gestión privada.

Por todo ello hoy día 1 de Octubre, día Internacional del Mayor, el colectivo de mayores de CCOO y UGT queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, lo siguiente:

1.- Que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ajustándose a lo establecido en la Ley 27/2011. Nosotros como pensionistas y jubilados de CCOO y UGT, queremos recordarle al Gobierno, que la revalorización anual de las pensiones públicas en función del IPC es garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de nuestras pensiones, y su fórmula está regulada por ley desde 1996 con un acuerdo unánime del ente Parlamentario y de los agentes sociales, en acuerdo del Diálogo Social.

2.- En la actualidad, se cifra en más de cuatro millones de Pensionistas los que están por debajo del umbral de la pobreza, de ellos tres millones cobran menos de 420 euros al mes en nuestro país. En Castilla y León existen 307.686 pensionistas el 51,89% cuyas pensiones están por debajo del umbral de la pobreza (586 euros) y de éstos, 124.602 se encuentran en una situación de pobreza severa (307 euros); cuando las pensiones públicas en nuestro país, juegan un papel fundamental en la demanda interna de bienes y servicios de nuestro colectivo, contribuyendo al crecimiento y reactivación de la economía y asegurando un nivel de vida digno y de calidad.

3.- La derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico injusto y regresivo, etc.

Todos los estudios realizados sobre los copagos evidencian un efecto importante y negativo sobre la equidad y la accesibilidad al sistema público de salud, las personas con menos ingresos y enfermedades crónicas, a la larga, el copago resulta más caro, ya que "retrasa" la consulta médica hasta que la enfermedad se hace más grave y costosa de tratar con más urgencias, más hospitalización, más intervenciones médicas, ?etc.

Reivindicamos la especialidad de Geriatría/Gerontología con programas de atención primaria junto a los programas de atención domiciliaria, todo ello muy necesario para nuestro colectivo.

4.- Necesitamos un tipo superreducido del 4% del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación. Y del 10% en vez del 21% para el gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros y a los pensionistas y jubilados nos supondría poder encender el brasero los meses de invierno.

5.- Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, cual es el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas; sociales, de alimentación, sanidad y vivienda entre otras.

6.- Al Gobierno de España y al de Castilla y León, les exigimos medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta, adecuando el término de potencia a la realidad actual. Bono social, que debería cubrir como mínimo a todas las unidades familiares cuyos ingresos se sitúen por debajo del umbral de la pobreza.

7.- Nos oponemos a la reforma de la ley de Régimen Local, ya que supone la eliminación de los servicios sociales comunitarios, tal como establece el Plan Concertado y reduce la intervención municipal al campo de las emergencias sociales.

Esta reforma potenciará la privatización de la gestión de los servicios sociales de base, lo que hará que millones de familias pierdan sus derechos ciudadanos eliminando servicios y conllevará la pérdida de miles de puestos de trabajo. Si esta situación es grave, lo es también el que las Administraciones locales puedan prestar estos servicios por medio de entidades privadas, que solo mejoran su gestión económica, empeorando la calidad del servicio que prestan.

Por todo lo anterior, los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO, trabajaremos por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, pues estas políticas nos han abocado al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento generalizado.