No sé si soy demasiado pesimista, si veo peligro donde otros no lo ven, si soy exigente a la hora de analizar conductas ajenas, si pertenezco a una minoría de españoles que llegan a conclusiones erróneas, pero tengo que confesar que, últimamente, no me encuentro cómodo, no me gusta lo que veo; y, como lo siento, lo digo.
Naturalmente, me estoy refiriendo al punto en que está llegando la situación en Cataluña. Tal vez uno es un poco torpe a la hora de leer entre líneas y no es capaz de descifrar lo que de verdad están queriendo decir los políticos de uno y otro bando: que nada va a cambiar, que al final, el miedo a que esa cuerda estirada acabe rompiéndose con consecuencias desagradables para los que tiran de cada extremo, edesemboque en una faena de aliño que sirva para que todo el mundo pueda salvar los muebles. Si es así, entono el mea culpa por ser tan miope en la política de altos vuelos.
Pero, si he de ser sincero, debo decir que lo que en realidad se aprecia desde fuera es que vamos directos a un enfrentamiento que tiene todos los visos de no favorecer a nadie. El ciudadano de a pie espera que el Gobierno cumpla con su obligación hacer respetar las leyes- y la Constitución es la más importante-. Y es de suponer que, efectivamente, tenga en su cartera las decisiones que deba tomar oportunamente para reconducir la situación. Pero, si es así, la gente no acaba de creérselo, y, los primeros que no se lo han creído son los dirigentes catalanes que acaban de recibir una inyección de moral al entrever la posibilidad de que triunfe el referéndum por la independencia que pronto se celebrará en Escocia. Si es verdad que ganan los partidarios del sí, ¿quién convence a los nacionalistas catalanes de que su conducta es ilegal e inútil?
Lo verdaderamente grave de esta situación es que, a base de tergiversar la historia y de catequizar a varias generaciones, el fenómeno nacionalista catalán ha llegado a tal grado de alejamiento de la legalidad democrática que hace muy difícil poder tomar medidas para reconducir el problema. Da la sensación de que, en aras a una falsa euforia proporcionada por los que más se dejan oír, las Generalidad se está viendo arrastrada por una corriente de claro enfrentamiento a lo español, tan fuerte que, aunque quisiera salirse de ella, le va a resultar prácticamente imposible.
Ante dirigentes que instan a la desobediencia civil, la papeleta del Gobierno no es nada agradable. Si la simple manifestación de que los poderes centrales perseguirán hasta el final a quien, apoyándose en el máximo poder y responsabilidad autonómica, ha confesado defraudar a la Agencia Tributaria, ya se considera una persecución mal intencionada al pueblo catalán ¿qué tendremos que oír cuando el Gobierno tenga que llevar a cabo medidas correctoras que puedan afectar a conductas personales delictivas de dirigentes políticos?
Ya digo que la situación no es fácil porque, de hecho, en Cataluña ya existe una fractura en la convivencia entre nacionalistas y quienes no lo son. ¿Es que nadie se está acordando de quienes, sintiéndose catalanes, quieren seguir siendo españoles? ¿Es que cuando alguien incumple un mandato legal menospreciando las reglas que afectan a los demás, hay que mirar para otro lado, o decir amén?
No, esto ya no es la chiquillada de un iluminado, esto es un problema que perjudica, en primer lugar a Cataluña, donde no se ha explicado con verdad las consecuencia de esa obsesión, y, en segundo lugar, a todos ,os españoles que se ven envueltos en algo que viene a enturbiar las buenas sensaciones que apunta nuestro resurgimiento económico; así como la consolidación de nuestro actual status democrático.
De todas formas, debe quedar bien claro que el enfrentamiento no es de España con Cataluña, sino de una parte de los ciudadanos que viven en Cataluña, que no están dispuestos a aceptar las reglas democráticas -que una amplia mayoría de esa Comunidad aprobó en 1979-con el resto de la sociedad. Ni las aceptan ni admiten que sus conciudadanos pretendan respetarlas.
Es de esperar que, antes del ya famoso 9N, la cordura vuelva a quienes quieren apartarse de la legalidad. No basta con pedir que el Gobierno se siente a negociar algo que, de antemano, si la decisión me es desfavorable, no estoy dispuesto a acatarla. Tampoco vale la disculpa de que en Quebec o en Escocia se han celebrado ?o se van a celebrar- consultas para que los ciudadanos decidan sobre su independencia, porque es esas regiones se han adaptado las normas legales necesarias para poder efectuarlas, extremo que no se ha dado aún en nuestro ordenamiento constitucional.
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