El Consejo Financiero de Castilla y León nace para agrupar a doce entidades de la Comunidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presidido la constitución del Consejo Financiero de Castilla y León como un foro de trabajo entre las entidades financieras de la Comunidad y el Gobierno autonómico. En el acto de constitución han estado presentes además la Consejera de Hacienda, el Consejero de Economía y Empleo, el Presidente de Bankia y la recientemente designada Consejera Delegada de Banco CEISS, además de distintos representantes de las entidades financieras que forman parte del mismo.

En el consejo están presentes Banco CEISS, Caixabank, Banco Santander, la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, que agrupa a las cuatro cajas rurales con sede en la Comunidad Autónoma: Caja Viva, Rural de Zamora, Rural de Salamanca y Rural de Soria; Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Cajatres (grupo Ibercaja), Cajas Rurales Unidas (grupo Cajamar), Banco Sabadell, Iberaval y Ade Gestión Sodical. Posteriormente podrán incorporarse aquellas entidades relevantes que manifiesten interés en participar en la actividad de esta nueva figura.

Por el desarrollo de la región

Con su adhesión al Consejo Financiero estas entidades muestran su voluntad de contribuir al desarrollo económico y social de Castilla y León. La constitución del Consejo Financiero de Castilla y León no supone la creación de una nueva entidad u órgano administrativo, sino la instauración de un marco estable para el diálogo y la interlocución continua entre el Gobierno de Castilla y León y el sector financiero en la Comunidad.

La búsqueda de una implicación efectiva de las entidades financieras en colaboración con la Junta de Castilla y León, en el desarrollo económico de la región, es una preocupación constante del Gobierno autonómico, dado el papel clave del sector financiero para la actividad productiva, el crecimiento económico y la creación de empleo. La Junta es además consciente de las dificultades del acceso a la financiación por parte del sector productivo y de los castellanos y leoneses en general, con importantes efectos negativos sobre las empresas, el empleo, los proyectos inversores de interés regional y la calidad de vida en la Comunidad.