Del número de ayudas solicitadas solo 42.000 corresponden a profesionales del sector agroganadero
La Alianza UPA-COAG considera que el dato de las 90.000 solicitudes PAC, que previsiblemente se han presentado en Castilla y León en el 2014, "no representa por sí solo ningún avance positivo en la profesionalidad del sector, tal y como ha declarado la consejera de Agricultura en las últimas horas".
Esta organización "no comparte el júbilo y satisfacción de la Consejería porque se haya reducido un 4 % el número de solicitudes PAC respecto al 2013, puesto que este dato no significa, ni mucho menos, que los beneficiarios sean perceptores ligados a quienes trabajan directamente en el campo y a quienes crean empleo. De hecho ?añaden?, las 90.000 solicitudes del 2014 en Castilla y León superan a las 88.475 PAC del 2012 y a las 89.919 del 2013".
Para La Alianza UPA-COAG, este dato representa que la reforma aprobada por el Ministerio de Agricultura "consolida la agricultura de sofá y el absentismo, impidiendo el relevo generacional del campo".
En este sentido, vuelven a remitirse a la definición de agricultor activo acordada tanto las organizaciones agrarias, como la Consejería de Agricultura y las cooperativas. "De haberse recogido ésta en la aplicación de la reforma ?añaden?, se hubiera permitido, entre otras cosas, dejar tierras disponibles para la incorporación de jóvenes, y que los profesionales agrarios pudieran dimensionar convenientemente las explotaciones para hacerlas más rentables y competitivas, avanzando en el modelo social agrario de la explotación familiar".
El hecho de que actualmente apenas haya 42.000 agricultores y ganaderos en Castilla y León que cotizan a la seguridad social agraria "visualiza bien a las claras el nivel de profesionalidad de los perceptores de la PAC en nuestra comunidad autónoma, cuestión ésta que se puede extrapolar a lo que ocurre en el resto del país".
Los datos facilitados por la Consejería de Agricultura "lo único que corroboran es que el reparto de los pagos compensatorios se realizan sin criterio alguno, si lo que se busca es garantizar el futuro profesional del sector y el futuro de las explotaciones familiares, ignorando la trayectoria seguida por otros países de referencia como es Francia".
Por otro lado, esta OPA recuerda que los datos objetivos del número de PAC tramitadas en Castilla y León, y en el resto del país, "trasladan a la opinión pública una realidad que perpetua la imagen de la injusta redistribución que de los fondos públicos se hace, y que afecta también de forma muy negativa a la industria agroalimentaria.