El Magrama enajena siete almacenes públicos de cereal en la provincia

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inicia el proceso de enajenación de 7 almacenes públicos de cereal en Salamanca.

Esta actuación forma parte del proceso que el Gobierno, a través del FEGA, puso en marcha para la enajenación de los almacenes públicos de cereal (macrosilos, silos y graneros) de la red del organismo, 54 de ellos, con capacidad para 330.150 toneladas, en las provincias de Castilla y León.

De los 7 ubicados en la provincia charra, hay un macrosilo en Peñaranda de Bracamonte, con una capacidad de 15.000 toneladas; otros 5 silos (2 en Cantalapiedra, 2 en Gomecello y 1 en Peñaranda de Bracamonte), con 12.300 toneladas de capacidad total, y otro, un granero, con una capacidad de 1.000 toneladas también en Peñaranda.

Estas actas de recuperación de gestión y uso por parte del FEGA se han firmado en la mañana de este martes en la Subdelegación del Gobierno. En el acto han estado presentes: el subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán Serrano; el jefe de Área de Patrimonio y Asuntos Generales del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Agustín Pons Carlos-Roca, y el jefe de Servicio de Intervención de Mercados de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Manuel Vicente Fernández Fernández. También presenciaron la firma los alcaldes de Peñaranda de Bracamonte, José Antonio Jiménez Barcala, y de Cantalapiedra, Juana González Mulas, y el concejal del Ayuntamiento de Gomecello, Juan Antonio Cabo Sánchez, en representación de los municipios en los que se asientan los silos y el granero.

La situación de los silos es de casi total abandono por carencia de uso. La propiedad de la red es del FEGA, que cedió su uso a las comunidades autónomas para la gestión de las compras y almacenamiento de cereales, actuaciones que, a día de hoy, son prácticamente inexistentes.

El FEGA asume el pago de los Impuestos de Bienes Inmuebles; y las Comunidades Autónomas los gastos corrientes, cuando los hubiera. Actualmente, resulta de todo tipo imposible el acometer los gastos de reparación de daños: por robos, incendios, vandalismo, ocupaciones, etc.

El mantenimiento de una red de almacenamiento representa un coste elevado difícil de justificar cuando no existe una previsión clara de utilización de los almacenes y cuando la falta de uso de los mismos acelera el deterioro de las instalaciones. Mediante la enajenación de las mismas, la modificación normativa pretende facilitar el acceso general a la utilización de dichas unidades de almacenamiento. De esta forma se eliminaría el elevado coste de mantenimiento que tienen para este Organismo y se facilitaría su utilización para otros fines que posibiliten la creación de empleo y la reactivación de la economía en aquellos lugares donde se ubican.