Es desde 1704 cuando este territorio español se perdió a manos inglesas. Son ya trescientos años en los que el Reino Unido de su británica majestad ha incumplido, y sin cesar, lo firmado en 1713 en Utrecht, aquella localidad de los Países Bajos otrora perteneciente al insigne Imperio Español.
La legítima reclamación sobre el Peñon no entiende de signo político; gobiernos de derechas e izquierdas han instado la devolución de esta parte de España. También la Monarquía o los presidentes de la I República cómo Francisco Pi y Margall o Emilio Castelar además de Manuel Azaña durante la II República así lo hicieron. Es ésta, por lo tanto, una cuestión que atañe a la totalidad de los españoles, ya sean de pasadas, presentes o futuras generaciones.
Pero es que la ignominia de Gibraltar se ha acrecentado con el paso del tiempo, prueba de ello son las sucesivas e ilegales expansiones llevadas a cabo por los británicos, han llegado a utilizar la epidemia de fiebre amarilla que afectó a este lugar durante 1815, o la plaga de 1854, durante las cuales el gobierno de Londres solicitó al español el uso sanitario de la zona neutral, para terminar haciéndose efectiva su flagrante ocupación, abusando para más inri de la buena fe española y edificando una valla fronteriza. Hasta se valieron de la Guerra Civil para construir un aeropuerto que se adentra en nuestras aguas territoriales; todo ello, claras demostraciones de, cuanto menos, una dudosa catadura moral.
Las pretensiones de España sobre Gibraltar se encuentran refrendadas por la propia ONU, que en sus resoluciones 1514 y 2429 instan a Gran Bretaña a que ponga fin a esta lamentable situación, ya que es la única colonia existente en Europa en el siglo XXI; o la propia resolución 2253 que impide un país gibraltareño independiente. Esto daría pie a reflexionar sobre ¿qué diferencias se pueden encontrar para que los ingleses fueran dóciles con China en cuanto a Hong Kong y en cambio estén anclados en lo relativo a este asunto?
Finalmente nos encontramos con los graves problemas que supone Gibraltar para España; esto es, tal y cómo señalaba el ministro Margallo, un lugar donde hay 21.700 empresas registradas (cabe destacar que las autoridades tributarias españolas calculan unas 30.000 empresas, hecho que resulta especialmente llamativo cuando su población no llega a las 30.000 personas habitando 6,8 km² de tierra) y donde sólo el 10% de ellas paga impuestos; algo que se traduce en la fuga de ingentes cantidades de dinero español. Un lugar donde el contrabando es la tónica habitual, como atestigua que las incautaciones de tabaco ilegal se hayan incrementado la astronómica cifra de un 213% en los últimos años. Un lugar propicio para el blanqueo de capitales. Un lugar que se ha apropiado ilegalmente de aguas territoriales españolas impidiendo faenar a los pescadores y arrebatándoles su único medio de subsistencia. Un lugar de gran peligro ecológico, como se demostró con el submarino nuclear Tireless o la reciente destrucción de la vida marina mediante el arrojo de bloques de hormigón. En definiva, un lugar donde la Unión Europea debe fijar su hasta ahora laxa mirada con el fin de solucionar esta constante vulneración de las leyes.