¿Por qué no desaparecen las Diputaciones Provinciales?

El origen de las Diputaciones Provinciales lo encontramos en la Constitución de Cádiz año 1812, se crean para conceder autonomía administrativa al nuevo modelo territorial de las provincias. La Constitución Española del año 1987 establece una nueva estructura con la creación de las Comunidades Autonómicas, conviviendo dos estructuras que duplican los servicios y el gasto, por lo que deberían de haber sido suprimidas las diputaciones al carecer ya de utilidad al asumir las Comunidades Autónomas sus funciones. Es difícil entender su mantenimiento, sobre todo, en estos momentos tan críticos de crisis, y más cuando oímos a nuestros políticos que hay que simplificar la organización territorial con criterios de eficacia y eficiencia.

Las Diputaciones, son estructuras desfasadas y pasivas, utilizadas, en la mayoría de los casos, por los partidos políticos para agradecimientos, compensaciones, colocación de políticos, repartos de dinero de forma caciquil y potenciar cotos privados de poder. No olvidemos que la composición de sus plenos se realiza por elección directa por los concejales electos de los Ayuntamientos, para responder después, sus nombramientos a la voluntad de los partidos políticos.

Esta estructura debe ir desapareciendo de forma ordenada, recolocando a todos sus trabajadores en la Comunidad Autónoma y que mejor oportunidad que hacerlo a través de la Reforma de la Administración Local, que en estos momentos se esta debatiendo, pero mucho me temo que el Gobierno no esta por la labor y no se va a producir un golpe valiente y decidido.

El Borrador de la Reforma Local que presenta el Gobierno, no corrige el disparate de las Diputaciones, sino todo lo contrario, las fortalece, atentando contra el municipalismo y vaciando de competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes e interviniendo los de menos de 5.000 habitantes, vulnerando, posiblemente, la Constitución que en su artículo 140 otorga el gobierno y administración de los municipios a sus respectivos Ayuntamientos.

Este borrador tampoco regula los límites de los salarios de sus representantes políticos que eviten los constantes, escandalosos sueldos de algunos presidentes de Diputaciones, Ayuntamientos y Comunidades autónomas que cobran el doble que el Presidente del Gobierno, más bien lo contrario, va a permitir a los Ayuntamientos grandes, aumentar los cargos de confianza en 1,5 de la plantilla municipal.

Que no nos engañen más a los ciudadanos. Ustedes, señores del gobierno, están lejos de buscar el ahorro y eficacia, van a seguir con el mantenimiento de aparatos burocráticos y administrativos porque lo único que les mueve es seguir colocando a una clase privilegiada de "trabajadores políticos", contratados a dedos.

Es una inmoralidad, seguir rebajando el sueldo de los trabajadores, y facilitar su despido, ahogarnos con la subida de impuestos y seguir pidiéndonos esfuerzos a los ciudadanos, si luego, quien gobierna no da ejemplo y es incapaz de hacer una verdadera reforma que racionalice y simplifique la Administración Pública.

*MARÍA GARCÍA. Trabajadora de la Sanidad Pública.