Lunes, 18 de febrero de 2019
Las Arribes al día

La oposición presenta un recurso ante el Contencioso Administrativo por falta de información sobre los temas del pleno

El Juzgado admite a trámite la demanda por una presunta vulneración de los Derechos Fundamentales

Pleno en el que el equipo de Gobierno aprobó habilitar crédito para devolver lo cobrado por la renovación de sepulturas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Salamanca ha admitido a trámite el recurso interpuesto por los grupos en la oposición contra el Ayuntamiento de Vitigudino ante la reiterada ausencia de documentos que faciliten la información sobre los puntos a debate en las sesiones plenarias, lo que supondría una vulneración de los Derechos Fundamentales.

En un comunicado, la oposición recuerda las constantes trabas por parte de “la secretaría para que nos deje ver los documentos, que podamos leer y examinarlos, y lo sabe el alcalde, pero no hay manera”, motivo por el que han decidido llevar al juzgado esta situación todos los concejales de la oposición, costeando de su propio bolsillo el gasto que suponga la demanda.

Asimismo, desde la oposición critican la ausencia de presupuestos municipales a lo largo de toda la legislatura, lo que ha obligado a modificaciones de crédito constantes, la última para la devolución de lo cobrado “ilegalmente” por la renovación de sepulturas, recuerda el portavoz del Partido Popular, José María Herrero, una decisión que –por otro lado- fue adoptada la pasada legislatura, entonces con el Ayuntamiento gobernado por el PP.

Ahora, Herrero reclama que el Ayuntamiento devuelva íntegramente, incluidos intereses, lo cobrado por el Consistorio, compromiso también del equipo de Gobierno actual del PSOE, aunque según el portavoz popular la devolución se pretende realizar de manera “opaca y discrecional”.     

Sobre la devolución de lo cobrado por la renovación de sepulturas, cabe recordar que el equipo de Gobierno aprobó en solitario, en el pleno celebrado en diciembre pasado, la modificación de crédito presupuestario que permitirá el reintegro de lo cobrado de forma presuntamente irregular.