Este documento, con un coste de 70 euros para caza y 25 para pesca, simplifica los trámites y permite la movilidad de los aficionados sin gestiones adicionales. Además, el sistema 'Licicaz-web' unificará las inhabilitaciones por infracciones en todos los territorios firmantes, beneficiando directamente a los cazadores y pescadores salmantinos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acuerda la implantación de una licencia única interautonómica que permite la práctica cinegética y piscícola en diez comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), simplifica los trámites administrativos y da respuesta a una iniciativa muy reclamada por pescadores y cazadores de toda España.
El nuevo marco legal sustituye al convenio vigente desde 2017 y supone un avance significativo al incorporar a Andalucía y Castilla-La Mancha, regiones que no suscribieron el acuerdo anterior. Gracias a esta iniciativa, las personas aficionadas podrán ejercer su actividad en todo el territorio abarcado utilizando un único documento, sin necesidad de realizar trámites individuales en cada administración.
El sistema establece un marco de colaboración técnica y económica diseñado para facilitar la movilidad de los usuarios. Las nuevas licencias expedidas tendrán un periodo de validez de un año y un coste fijo establecido en 70 euros para la caza y 25 euros para la pesca en aguas interiores.
Como medida de control fundamental, el acuerdo estipula que las inhabilitaciones por infracciones cometidas en una comunidad autónoma serán compartidas y aplicadas automáticamente en el resto de los territorios firmantes.
Territorios incluidos en el acuerdo
El convenio abarca las siguientes diez comunidades autónomas:
Gestión tecnológica y beneficios rurales
La operatividad de este nuevo sistema se apoya en la plataforma digital Licicaz-web, una herramienta desarrollada y mantenida por el propio Ministerio. Este soporte tecnológico permite un intercambio automático de información entre las distintas administraciones autonómicas, facilitando a los técnicos gestionar altas y bajas, así como verificar los requisitos legales en tiempo real.
Según detalla el documento oficial, la implantación de esta licencia única no solo reduce drásticamente la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible de los recursos. La iniciativa es plenamente compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.