GUIJUELO
Actualizado 30/10/2025 14:34:53
Toni Sánchez

El PSOE de Salamanca ha respondido a las críticas de varios alcaldes del PP sobre la tasa de basuras, acusándolos de 'cinismo' y 'mentiras'. Los socialistas aseguran que la subida deriva de una directiva europea que el propio PP defendió y han criticado la 'hipocresía' de regidores que suben otros impuestos como el IBI.

La controversia en torno a la actualización de la tasa de gestión de residuos en los municipios de Salamanca suma un nuevo capítulo. Representantes del PSOE en la provincia han respondido con dureza a la reciente comparecencia de varios alcaldes del Partido Popular, calificándola de "farsa" y acusando a los regidores de difundir "bulos, engaños, mentiras y manipulaciones".

En una rueda de prensa celebrada este jueves, 30 de octubre, el senador socialista David Matute, la secretaria de Municipios del Alfoz, Noelia Merino, y el diputado provincial Carlos Fernández Chanca han salido al paso de las críticas de los alcaldes populares. Los socialistas sostienen que la subida de la tasa no es una imposición del Gobierno de España, sino la aplicación obligatoria de una directiva europea que el propio PP apoyó en su momento.

La respuesta del PSOE se produce después de que el pasado lunes, 27 de octubre, los alcaldes de Carbajosa, Santa Marta, Guijuelo, Villamayor y Doñinos culparan directamente al Ejecutivo central de la "inminente y obligatoria" subida del recibo, argumentando que la Ley 7/2022 les fuerza a cubrir el 100% del coste del servicio.

Una directiva europea "defendida por el mismo Partido Popular"

El diputado provincial Carlos Fernández Chanca ha sido el encargado de contextualizar el origen de la normativa. Ha recordado que la ley española traspone una directiva del Parlamento europeo que exige financiar los servicios deficitarios, como es el caso de la recogida de residuos. Según Chanca, esta normativa europea "ha sido aprobada, respaldada, pedida incluso y defendida por el mismo Partido Popular" en las instituciones comunitarias.

Por ello, el diputado socialista ha pedido a los populares "más seriedad y coherencia y menos mentiras y cinismo". Ha calificado la ley como una norma uniforme, que establece objetivos comunes para todos los municipios, y equitativa, ya que su principio es que "paga más quien más residuos genera" con el fin de mejorar la protección del medioambiente.

Acusaciones de "hipocresía" a los alcaldes populares

Fernández Chanca ha dirigido sus críticas más duras hacia los alcaldes del PP que comparecieron públicamente, a quienes ha tildado de ser "los adalides de la presión fiscal". Ha recriminado que, mientras critican la tasa de basuras, aplican subidas "desproporcionadas" en otros impuestos municipales.

Como ejemplos concretos, ha señalado los siguientes casos:

  • El alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, "que el año pasado subió el IBI un 26%".
  • El de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, que "lo incrementó y lo pasó del 0,54 al 0,75".
  • El de Guijuelo, Roberto Martín, "quien va a aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para subirlo al 0,91% y ser uno de los IBI más altos de toda Salamanca".

Además, ha lamentado la "hipocresía" de estos regidores, algunos con cargos en la Diputación de Salamanca, donde, según Chanca, "siempre se han opuesto, han rechazado y han votado en contra" de iniciativas socialistas para mejorar el tratamiento de residuos, como la implantación de puntos limpios o la gestión de los contenedores marrones.

La realidad financiera de la tasa: "No se ajusta a la realidad"

El senador y alcalde de Monterrubio de Armuña, David Matute, ha desmontado uno de los principales argumentos del PP: que hasta ahora los ayuntamientos asumían el déficit del servicio. "Afirmaciones como que, hasta ahora, los ayuntamientos asumían el déficit entre lo recaudado y el coste del servicio, evitando que los vecinos tuvieran que pagarlo, no se ajustan a la realidad", ha asegurado.

Matute ha explicado que todos los gastos municipales se integran en una "caja común" y que los ayuntamientos están obligados a cumplir con la estabilidad presupuestaria. "Aquello que no se puede financiar mediante la tasa de basuras debe sufragarse con otras figuras impositivas municipales", ha precisado. Por tanto, la ley simplemente busca que la tasa financie el servicio que le corresponde, dando transparencia a la gestión.

Una ley "consensuada" y una solución sobre la mesa

El senador socialista también ha recordado que la ley fue fruto de un amplio recorrido parlamentario, con más de 750 enmiendas en el Congreso y 560 en el Senado, por lo que "el Partido Popular no puede afirmar que no haya tenido oportunidad de participar".

Por su parte, Noelia Merino, alcaldesa de Carrascal de Barregas, ha defendido que es posible buscar un equilibrio presupuestario sin que la medida repercuta negativamente en los vecinos. Como ejemplo práctico, ha anunciado su propuesta para su municipio: "bajar la tasa en depuración en la misma proporción en que sube la de recogida y gestión de residuos". Con ello, ha concluido, se demuestra que se puede gestionar de forma "responsable" en lugar de "utilizar los Consistorios de manera mezquina para hacer oposición al Gobierno".

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