Para el Consistorio villaviejense “se da la paradoja de que Berkeley está contemplando solicitar al Reino de España 400 millones de euros en concepto de indemnizaciones por no poder explotar parte de las reservas del propio Estado”
Tras las informaciones difundidas el pasado 18 de noviembre sobre la intención de Berkeley de recurrir a un “arbitraje internacional” en caso de que no obtenga los permisos para su proyecto nuclear en Retortillo, desde el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes recuerdan que Berkeley “ya amenazó a Enusa (empresa estatal del uranio) con idéntico procedimiento, durante la primavera de 2012, por no constituir una sociedad mixta (Newco) a la que se le transferirían grandes reservas de uranio del Estado español para ser explotadas por Berkeley a través de un consorcio con Enusa, aprobado en el 2009 en consejo de ministros por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Tras aquellas amenazas, en julio de 2012, con el primer Gobierno de Mariano Rajoy, se anunció un acuerdo entre Enusa y Berkeley que modificaba el consorcio a través de una simple adenda ante notario”. Por ello, para el Ayuntamiento de Villavieja tanto el procedimiento de selección que utilizó ENUSA para escoger a Berkeley para su consorcio, como la adenda del 2012 que lo modificaba, “son presuntamente fraudulentos”, lo cual fue denunciado por el Consistorio el pasado 8 de marzo ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, si bien, a día de hoy, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre los hechos denunciados.
Las reservas en cuestión, Salamanca 28 (Alameda) y 29 (el Villar), “son reservas de uranio del Estado sin que se haya declarado su levantamiento y constituyen un 60 % del uranio salmantino, según afirma la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A (SIEMCALSA)”, recuerdan desde el Ayuntamiento. “Desde el 2012 Berkeley incluye dichas reservas en sus cuentas anuales, lo cual le ha permitido especular con ellas en diferentes bolsas durante más de una década, pero aunque Berkeley asegura que la Adenda le otorga ser operador exclusivo y excluyente, no parece que este sea el caso, ya que aparentemente no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para ello, a través de un concurso público o a través de la declaración del levantamiento de las reservas, por lo que entendemos que siguen siendo propiedad del Estado español”, denuncian desde el Ayuntamiento villaviejense.
De este modo, añaden que “se da la paradoja de que Berkeley está contemplando solicitar al Reino de España 400 millones de euros en concepto de indemnizaciones por no poder explotar parte de las reservas del propio Estado. Berkeley asegura en sus comunicados que la mina podría extraer 89,3 millones de libras de uranio convirtiendo a España en la principal fuente de este mineral de Europa, cuando en realidad los únicos y modestos yacimientos, con tan solo 11,4 millones de libras de uranio, donde Berkeley tiene una concesión de explotación, son los de Retortillo y Santidad en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes. El resto, hasta los 89,3 millones de libras de uranio que anuncia, forma parte de otros tres yacimientos: las mencionadas reservas estatales Salamanca 28 y Salamanca 29, la polémica Zona 7, a 200 metros del casco urbano de Villavieja de Yeltes y el yacimiento de Gambuta en la provincia de Cáceres, sobre los que entendemos no consta concesión de explotación alguna”.
Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Villavieja “dudamos de que a Berkeley le interese realmente exigir indemnizaciones porque, en tal caso, la Abogacía del Estado y posiblemente los jueces tendrían que examinar el asunto a fondo, incluido aclarar los derechos sobre las reservas del Estado y otros hechos que desde el Ayuntamiento de Villavieja hemos denunciado ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Así, podrían salir a la luz la ingente cantidad de irregularidades que se han cometido presuntamente a lo largo de los últimos 15 años en relación con este proyecto. Además, los propios jueces y la opinión pública podrían constatar que las ganancias obtenidas en bolsa superan con creces la inversión que Berkeley asegura haber realizado. En realidad parece que Berkeley lleva más de 15 años emitiendo comunicados de prensa, artículos en medios afines, publirreportajes con noticias sobre las posibles ventas de la futura producción, amenazas para pedir indemnizaciones a las distintas administraciones y un sinfín de maniobras orquestadas con el único fin de provocar las correspondientes subidas de su valor en bolsa. No parece que esto vaya a finalizar nunca mientras haya beneficios y no haya una sentencia condenatoria, o al menos un proceso judicial abierto a instancias de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.
Por último, desde el Ayuntamiento señalan que “la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, de la que se queja ahora Berkeley, no le quita su permiso de explotación sobre Retortillo y Santidad, porque dicha ley no tiene carácter retroactivo. En realidad, el proyecto minero-nuclear de Berkeley naufraga porque el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe técnico desfavorable VINCULANTE para el gobierno que impide dar luz verde a la construcción de la planta de concentrados de uranio. El CSN es un órgano independiente que se limita a poner de manifiesto las múltiples deficiencias y problemas que presenta el proyecto, por lo que no se puede aludir a la falta de voluntad política. La responsabilidad de las instalaciones radiactivas recae directamente en el Estado y las miserables cantidades que se le exigen en concepto de aval a Berkeley no cubren más que una ínfima parte de los fondos necesarios para el posterior cuidado, vigilancia y desmantelamiento de tales instalaciones nucleares de 1ª categoría, y eso podría acabar siendo una pesada carga sobre el erario público. En última instancia, si se autorizase la construcción de una planta de concentrados, no parece creíble que los minúsculos yacimientos que podría explotar Berkeley en Retortillo, fuesen capaces de amortizar la enorme inversión que supone levantar una segunda planta de concentrados de uranio, a solo 40 km de la que tiene ENUSA en Saelices el Chico”.