La memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca: Ciudad Rodrigo (V)

En los expedientes tramitados a raíz de la legislación sobre pensiones al final de los años setenta se ha comprobado la existencia de una serie de víctimas mortales, ejecutadas en fechas o lugares indeterminados ("Croniquillas", 21/12/16). Dichos documentos fueron consultados por colaboradores de la Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ) que solo retuvieron los datos que permitían la identificación de las víctimas y a veces dejaron de lado la información relativa a su entorno. Desgraciadamente, a día de hoy una parte de tales expedientes resulta inaccesible, por haberse traspapelado en el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo (AMCR, Exp. Viudas / Huérfanos). La escueta descripción del listado de víctimas solo revela la residencia continuada en la Ciudad de algunos parientes cercanos durante cuarenta o cincuenta años, soportando el ambiente hostil y el aislamiento. Fausto Castaño Durán estaba casado con Inés Guzmán, sin indicación de descendencia y profesión. Según testimonio de su viuda, murió en Lérida por sus ideas de izquierdas (AMCR, 10-3). Según el testimonio, era hermano de Ramón Castaño Durán, víctima mortal de Fuenteguinaldo (hijos ambos de Justo Castaño y Melchora Durán). En fecha indeterminada y lugar desconocido fueron sacados Juan José Román García, casado con Asunción Benito (AMCR, exp. 458 y 10-3), y Francisco Soto Rico, carpintero, casado con Esperanza Sánchez, que según el expediente de su viuda habría sido "condenado a muerte como elemento de izquierdas" (AMRC, exp. 460 y exp. 10-3), pero sin indicio alguno de que fuera procesado. Ángel Sierro Díaz, jornalero, estaba casado con Salud Perancho. Fue víctima de una saca carcelaria el 16 de octubre de 1936 en un lugar ignorado, según el expediente personal de su viuda (AMCR, exp. 460). No se han retenido otros datos de los expedientes y menos todavía se han especificado sobre Victoriano Gómez Iglesias, casado, jornalero, que dejaba una hija (AMCR, 10-3).

Al margen de estos expedientes de 1979, se ha resuelto la identidad de Juan Martín Prieto, de cuyo grupo de parentesco se tienen datos por su acta de defunción (RCCR, act. def. 11/08/1939), pero no con posterioridad de su descendencia. Era natural de Fregeneda y tenía 54 años cuando fue sacado el mismo día que los vecinos de El Bodón (11/09/36), con quienes habría compartido el destino y el enterramiento "en el término de San Felices de los Gallegos" (de hecho, en Medinilla, Bañobárez). "[Era] viudo en primeras nupcias de Asunción del Río, de cuyo matrimonio existen tres hijos, llamados Gilberto, María e Ismael, mayores de edad los primeros y menor el tercero, y casado en segundas nupcias con Aurora Prieto Rubio, de cuyo matrimonio no existe descendencia". Por declaraciones de la documentación procesal de 1937/38 consta que esta futura viuda en 1936 había sido objeto de extorsión y estafa por parte de Agustín Calzada, jefe comarcal y local de Falange, quien le pidió 3.000 pesetas, para dejar con vida a su marido (presuntamente detenido), quien tres días después "desapareció" (C.2133/37: f. 421). Los mismos avatares macabros se asignan a Isidro Moro Francisco, de 32 años, jornalero, según su acta de defunción, de la que existen dos versiones: "(?) casado con María Morán Cepa, de cuyo matrimonio quedan cuatro hijos, llamados José, Joaquina, Lorenza y Ángel, menores de edad (?), falleció en el término municipal de Sanfelices de los Gallegos el día 10 (o el 12) de septiembre de 1936 (?), a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego" (act. def. 27/04/1944 y 02/06/1957, ASMJ). Sin datos posteriores de sus descendientes.

Con posterioridad y al margen de estos expedientes, se han resuelto las dudas existentes sobre la ejecución extrajudicial y las repercusiones de la misma en la familia de Eladio Rivera Huertas. Ello ha sido posible gracias a la complementariedad de la documentación de archivo y la tradición familiar (Iglesias 2016: 310, nota 55). En el momento de su ejecución clandestina tenía 54 años; de profesión comerciante. Según su acta de defunción, "casado con Dª María Paz Ullán Bote, de cuyo matrimonio quedan cuatro hijos, llamados María Dolores, Adriana, Eladio y José Antonio, todos menores de edad", "[falleció] en este término municipal [de Ciudad Rodrigo (erróneo)] el día 9 de diciembre de 1936", sin indicación de causa ni lugar de sepultura (RCCR, act. def. del 15/12/1938). Pertenecía a la agrupación política de Izquierda Republicana y estaba sindicado en la Sociedad Obrera (STT), de la que fue tesorero o secretario. Asistió, con otros responsables políticos y sindicales, a las reuniones del Ayuntamiento los días 18 y 19 de julio de 1936 (J.sum. 265/36). Por esto lo tuvieron detenido en la comisaría de la Plaza Mayor mirobrigense hasta su traslado a la Prisión Provincial, donde estuvo recluido del 23 de julio al 9 de diciembre de 1936 (FCS). Hasta ese momento su esposa e hijos pudieron mantener algún contacto con Eladio y, gracias a la recogida de datos, la memoria familiar ha reconstruido el contexto de lo que sin duda fue una saca carcelaria.

Eladio no fue el único castigado de su familia. Casi al mismo tiempo, un hermano de su esposa, el carabinero Eloy Ullán Bote, estuvo detenido en la Comandancia de Carabineros desde primeros de octubre de 1936. Después fue condenado por un consejo de guerra a cadena perpetua. Cumplía esta pena en el Fuerte de San Cristóbal (Pamplona) desde el 18 de enero de 1937 y allí estaba cuando se produjo la famosa fuga (22/05/38), en la que no participó y así pudo salir con vida de la cárcel en libertad condicional (31/05/42), antes de que le fuera rebajada la pena (C.925/36). La vida de los familiares íntimos de Eladio Rivera no sería un camino de rosas, empezando por su viuda, que en el relato testimonial de Adriana Rivera Ullán se llama Teresa, y no María Paz. Esta hija recompone los recuerdos del entorno familiar y local mirobrigense, antes y después de la represión de 1936: la holgura económica a la sombra del padre, con la tienda de lencería, en el período republicano; las estrecheces después de la "desaparición" del cabeza de familia, la represión de todo tipo, las requisas, el cierre del local comercial, las multas, los vejámenes, la hostilidad social, el aislamiento, sin otra solidaridad que la de algunos familiares de represaliados (como la viuda de Aristóteles González).

La presión se hizo irrespirable, tanto que la madre y los hermanos al completo tuvieron que abandonar Ciudad Rodrigo. Para Adriana la vía de salvación llegó, a sus 18 años, a través de un alférez que estaba de servicio allí, diez años mayor que ella, y a quien esta preferencia sentimental le costó la degradación y salida del Ejército. Todos ellos se marcharon a Barcelona en 1955. Dos años más tarde se exiliaron, instalándose cada hermano donde tuvo ocasión: en Francia, Bélgica, Alemania. Adriana y su marido vivieron en París, en un ambiente de libertad, y no regresaron a España hasta 1978, con seis hijos, fijando su residencia en Salamanca (Barrio de los Pizarrales). El exilio y retorno contado por Adriana es sin duda muy representativo de otros muchos sobrevivientes de los castigos infligidos a sus padres, aunque en su inmensa mayoría no hayan tenido un testigo que los haya relatado y un cronista que los haya fijado por escrito, como en este caso Susana Luengo ( https://farinatosporlamemoria.jimdo.com/).

Durante la guerra y la postguerra también hubo personas foráneas represaliadas o familiares suyos que vivieron este particular "exilio interior" en Ciudad Rodrigo. Entre ellas se cuentan dos figuras de nombre conocido, que, por añadidura, estuvieron relacionadas, directamente o a través de su entorno: Fernando Arrabal Terán, escritor que no necesita presentación, y Dolores Cejudo Belmonte, con sus cinco hijos, hermana del implacable perseguidor de republicanos Antonio Cejudo Belmonte, capitán de la Guardia Civil (Iglesias, Represión franquista: 380-381). Fernando Arrabal es hijo adoptivo de Ciudad Rodrigo, población por la que él mismo dice sentir una particular predilección, como en 2008 recordó en la ceremonia celebrada en el Teatro Nuevo (06/09/2008), que desde entonces lleva su nombre. Allí aprendió "a leer, contar y amar", según sus propios términos (Silvia G. Rojo, El Norte de Castilla, 07/09/2008), entre 1936 y 1940, debido a las repercusiones de la persecución de su padre, Fernando Arrabal Ruiz. Este joven teniente del Ejército, por no adherirse a la sublevación contra la República el 17 de julio de 1936 en Melilla, fue detenido, procesado y condenado a muerte. La pena capital le fue conmutada por la de reclusión perpetua (30 años) en 1937. Para entonces ya había iniciado una penosa peregrinación por varias cárceles franquistas (empezando por Ceuta), en una de las cuales fue a Ciudad Rodrigo (quizá recluido en el antiguo cuartel de Sancti-Spíritus, donde hubo oficiales republicanos presos, pero es dato sin comprobar, pues en el Archivo Municipal solamente se tiene acceso a los expedientes de detenidos y presos en la cárcel del partido judicial). La inmundicia de los locales y el régimen carcelario daría su fruto amargo en la prisión de Burgos, donde el militar republicano contrajo (o fingió, según su hijo) una enfermedad mental, que lo llevó al hospital, de donde, en pijama (como solían vestir a los enfermos propensos a la fuga en los sanatorios psiquiátricos), escaparía en pleno invierno (21/01/1942) por campos cubiertos de nieve, según una versión que no excluye la aplicación de una variante de la saca carcelaria. La odisea de este militar, su trágico y misterioso destino final, el papel que tuviera la esposa de ideas opuestas, han marcado sin duda la trayectoria vital y artística de su hijo y homónimo, sometido, como tantos otros huérfanos, por un lado al suplicio añadido de la culpabilización de las víctimas, con el corolario de la falta de reconocimiento y el olvido dentro de su propia familia, y por otro lado a una incesante carrera en la búsqueda de las huellas del padre perdido.

(Para detalles, Domingo Pujante González, "Ceremonia por un Teniente Abandonado: figuras militares y escenarios de guerra en la obra de Fernando Arrabal". En: María Dolores Burdeus, Elena Real y Joan Verdegal, eds., Las órdenes militares: realidad e imaginario, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, Col.lecció Humanitats.2, 2000, 633-648).

La persecución del teniente Fernando Arrabal repercutió en sus propios familiares biológicos más cercanos: su padre, afectado por una grave manía persecutoria, un tío (Rafael) condenado a muerte y ejecutado en Palma y otro (Ángel), también condenado a muerte en Barcelona, conmutado, pero finalmente muerto en una operación quirúrgica (1959). Su esposa, Carmen Terán González, y sus hijos (Carmen, Fernando y Julio) quedaron a la meced del destino. Carmen Terán volvió a Ciudad Rodrigo ("Villa Ramiro" en la ficción), para dejar allí a sus tres hijos al arrimo de los abuelos maternos. Así pudo preparar y aprobar una oposición de secretaria en el Ministerio del Ejército del Aire, que le permitiría mantener a la fratría, con su trabajo en Burgos. El futuro escritor tenía entonces cuatro años. Fue al colegio de las Teresianas, donde recibió el amparo de "la Madre Mercedes" (Mercedes Unceta), recordada como el hada madrina de un niño desvalido y despierto, figura solar en aquel mundo de tinieblas que era la sociedad local. Arrabal dejó Ciudad Rodrigo al trasladarse su madre a Madrid, por motivo laborales. La Capital fue una de tantas etapas de este mirobrigense de adopción, pequeños exilios que lo propulsarían a un reconocimiento universal, consumado en París, aunque nunca renunciaría a su dolorosa españolidad.

Al rememorar sus primeros pasos escolares en el aludido discurso, Fernando Arrabal mencionó a un dotado compañero de infancia: Teodoro Morollón. No aludió a la familia de este niño. Era hijo de Dolores Cejudo Belmonte, viuda de Teodoro Morollón Belmonte", muerto a consecuencia de una ejecución extrajudicial efectuada en Oviedo o sus cercanías, según el informe de Antonio López Ramos, jefe de la Policía Municipal, en 1979:

"(?) a primeros de agosto de 1936, recibió una orden del Gobierno Civil de Oviedo, donde residía (?). Después de declarar, pasó a la Cárcel Modelo de dicha capital, donde al parecer estuvo hasta el seis o el siete de noviembre que fue ejecutado, sin conocerse se celebrara consejo de guerra, como igualmente donde fue efectuada la ejecución y sí solamente se sabe que fue enterrado en el cementerio antiguo (nombre borrado) en una fosa común en unión de varios más. Los cinco hijos, todos menores de 14 años, en unión de su madre, a finales de 1936, se trasladaron a esta localidad, donde residía su hermano, entonces capitán de la Guardia Civil, ya que la casa en Oviedo quedó totalmente destruida al hallarse en la línea de fuego" (AMCR, Exp. Viudas).

Varios informantes mirobrigenses recuerdan a "Doña Dolores", que, para sacar adelante a su numerosa prole regentaba una librería o una tienda en una calle céntrica, cerca de la Plaza, cuyo emplazamiento era contiguo al de la actual joyería Vasconcellos (CR 2009). Sin embargo aquellos niños "recibieron el auxilio como huérfanos de guerra", que no era un beneficio que alcanzara a todos los huérfanos de Ciudad Rodrigo y su comarca. De los de "Doña Dolores" se desconocen los avatares más recientes, aunque al parecer dicha señora tiene descendientes directos en la localidad. Ella, en 1979, seguía residiendo en lo que debía de ser su domicilio de antes en Ciudad Rodrigo (C./ Sánchez-Arjona, nº 25), en cuyo ayuntamiento solicitó una pensión "como viuda de su desaparecido esposo".

La represión carcelaria de vecinos mirobrigenses y forasteros afectó a casi un centenar de personas entre 1936 y 1948. Dada la escasez de información sobre esta y otras categorías de víctimas de la cruel represión incruenta, se deja para más adelante la descripción de las repercusiones que tuviera en el devenir de los directamente afectados y de sus familiares. Pero al menos conviene recordar a las tres personas que, debido a los malos tratos y las pésimas condiciones de las cárceles, sucumbieron en ellas: Victoriano Cabrera Hernández, Amador Moreno Matilla y Martina Iglesias Molinero. Los hemos incluido en el necrologio republicano mirobrigense (71 identificados hasta 2016), como "víctimas mortales indirectas". Por supuesto, el listado de este tipo de fallecidos podría ser mucho más numeroso. Bastaría con tener en cuenta a los muertos del hambre imperial, en sentido propio, niños sobre todo y mayores desvalidos durante la guerra y los años cuarenta, así como los que, sin ser "caídos por Dios y por España", volvieron del frente franquista para morir en su casa. En la información testifical de 1979 sobre Samuel Egido Santos, marido de Teresa García Herrero, se afirma que falleció en 1941 "a consecuencia de esta enfermedad, que se supone fue adquirida a causa de haber estado en el frente" (AMCR, Exp. Viudas). Accesoriamente, se comprueba que esta viuda portaba los mismos apellidos que uno de los cuatro ejecutados en el puente del Águeda (junto al yacimiento prehistórico de Siega Verde): Antonio García Herrero ("Croniquillas", 10/08/2016).

La memoria de los dos jóvenes mencionados, solteros, quizá se haya perdido con la muerte de sus padres, de quienes no consta que en 1979 tramitaran expediente alguno para reclamar la pensión a que tuvieran derecho. Amador Moreno Matilla, de 25 años, natural de Ciudad Rodrigo (de Salamanca, según la ASMJ) y vecino de Salamanca, peluquero, falleció de enfermedad (31/03/42) en la cárcel provincial, donde había ingresado en 1941 (López-Delgado 2007: 176). Victoriano Cabrera Hernández, de 24 años, jornalero, cumplía el servicio militar en el Rgto. La Victoria, nº 28, donde fue detenido por efectuar un saludo "puño en alto", dirigido al cabo José Moreiro Acosta. Ambos fueron procesados y condenados en consejo de guerra (26/03/37) a la pena de 12 años de prisión mayor y destino al Cuerpo de disciplina para los dos durante el tiempo de la condena (C.875/37). Es muy probable que la defunción de Victoriano por enfermedad, a sus 28 años, fuera consecuencia directa de su paso por los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares un año antes (02/12/40), adonde había sido trasladado de la Prisión de Salamanca. Como en numerosos casos análogos, resulta irónicamente cruel la notificación (1944) de la conmutación de la pena de 12 años por la de 6 años y un día tres años después del fallecimiento de Victoriano en Ciudad Rodrigo (31/08/41), donde la muerte quizá le sorprendería "en libertad condicional" ("Croniquillas", 21/12/2016).

Martina Iglesias Molinero, por la represión que sufrió y los efectos que se siguieron en su familia, es una figura muy representativa, elevada a la categoría de símbolo: una verdadera heroína en la perspectiva republicana (Iglesias, Represión franquista: 543-545). En las "croniquillas" (21/12/2016) se expuso con detalle el proceso que se le siguió en Salamanca por la denuncia contra ella de Agustín Calzada Hernández, jefe local de Falange, debido a unos gritos presuntamente subversivos de un hijo suyo de cuatro años (C.1591/37). Al iniciarse las actuaciones, Martina, natural de Espeja, tenía 29 años, estaba casada con Leonardo Ángel García González, ya era madre de dos niños y estaba encinta. Ingresó en la prisión del partido judicial el día 6 de agosto de 1936, conducida por Carabineros, en concepto de detenida a disposición del juzgado militar nº 1 de Ciudad Rodrigo. Por su expediente personal se pueden seguir los avatares carcelarios de Martina en esta prisión (AMCR, caja 438). El 20 de septiembre una visita médica confirmó que estaba embarazada, lo que no impidió su traslado a Salamanca, cinco días después, para asistir al consejo de guerra, con regreso el mismo día ya de tarde (19h 30).

En el curso del proceso salieron a relucir otros cargos contra Martina: sus "ideas extremistas" desde antes del Alzamiento, su presencia ostensible en reuniones y manifestaciones, principalmente en los sucesos del 12 y 13 de mayo de 1936, con el entierro del "barrendero comunista" (Iglesias, en Carnaval 2016: 385); después, su desafección manifiesta contra el Movimiento y su escaso entusiasmo por el "triunfo de los Nacionales", que a ella le parecía "dudoso". En el consejo de guerra (Salamanca, 25/09/37) fue condenada a 20 años y un día de prisión por "adhesión a la rebelión". En seguida fue devuelta a la cárcel de Ciudad Rodrigo (supra), donde empezó a cumplir la condena. Por estar embarazada, el 2 de diciembre se formuló una solicitud para su traslado a un hospital de Salamanca, que fue denegado. Pero dada la proximidad del parto, la dirección de la prisión gestionó la admisión de la reclusa en un hospital de Ciudad Rodrigo y el 16 de enero de 1938 Martina fue entregada a la fuerza de Seguridad para su conducción a la Casa de Maternidad, donde daría a luz a una niña (Margarita). Es probable que para este trance la parturienta tuviera el consuelo de su madre, Petra Molinero Sánchez, que en 1936 también había sido inculpada con otros 15 vecinos de Espeja, pero no la visitaría su padre, Nicolás Iglesias Vicente, que por entonces había sido procesado y condenado a reclusión perpetua (C.50/36). Mes y medio más tarde, el 31 de marzo de 1938, Martina regresó a la prisión, "con una niña en lactancia". Este reingreso se terminó el día 12 de abril de 1938, pues en tal fecha y por orden del Gobernador Civil, "[fue] entregada a la Guardia Civil la sujeta de este expediente para su conducción a la Prisión Central de Mujeres de Saturrarán, Motrico (Guipúzcoa)". En este viaje tuvo la compañía de otra republicana recalcitrante: Francisca Álvarez López (a) "la Patacona", que la había precedido en la detención (Iglesias, Represión franquista: 542-543).

Como en el caso de Victoriano Cabrera (supra), Martina Iglesias nunca recibiría la notificación de que la pena inicial le había sido conmutada por 12 años de prisión (12/02/44), pues estaba muerta desde hacía casi cuatro años, según un oficio del centro penitenciario: "falleció en la enfermería de dicha prisión el 25 de marzo de 1940". El trato que allí recibiera estaría en consonancia con la pésima fama que ha dejado aquel centro, como recuerda en un montaje audiovisual Matilde Garzón Ruipérez (2014), cuya madre, maestra, también estuvo allí presa. Incluso se especula con la posibilidad de que Martina fuera ejecutada. En su caso, como en el de otras víctimas mortales, se comprueba el ensañamiento de los represores, que después de muerta la sancionaron con 100 pts de multa aun siendo insolvente. No era la mejor manera de ocuparse de los "huérfanos de la Revolución" que eran los tres hijos de Martina, Antonio, Miguel y Margarita, de 7, 5 y 3 años de edad respectivamente, cuyo padre era jornalero eventual en 1940 (AHPS: 414).

De las vicisitudes de los cuatro supervivientes del círculo íntimo de Martina se tiene una vaga idea por el testimonio de Margarita García Iglesias sobre su madre y ella misma (Dokumentala Amaren Izenean: https//youtu.be/2n-TdjoC3UK). Obviamente, la referencia remota de los recuerdos y la urgencia posterior de sobrevivir condiciona la representación de los hechos por parte de Margarita, huérfana de dos años en 1940, sin más percepción sensorial del mundo que el horizonte carcelario. Su padre la fue a recoger y se la llevó con él a Ciudad Rodrigo, donde transcurrió su infancia. De las vivencias de un tiempo indeterminado retiene la visita al pueblo de su madre (Espeja), que le dio la oportunidad de conocer a su abuela materna (Petra Molinero) y las segundas nupcias de su propio padre (Leonardo García), sin mención de nombres y fechas en lo tocante a personas y hechos, incluidos sus dos hermanos y un novio mirobrigense con el que se casaría en Ciudad Rodrigo. Para entonces ya había seguido el camino de la emigración, que a ella la condujo a San Sebastián. Por deducción, todos estos acontecimientos (emigración, noviazgo y boda) se irían tejiendo en los años cincuenta, más bien en el segundo lustro de la década.

Para lo que más importa aquí, Margarita señala que, después de la muerte de Franco, su padre, para cobrar una pensión, necesitaba unos papeles que ella se encargó de buscar, informándose previamente en el Centro Penitenciario de San Sebastián (Paseo Martutene, 1). Leonardo García, que en 1979 rondaría los 75 años y presumiblemente no nadaría en la riqueza, solicitaría una pensión y los trámites se efectuarían en San Sebastián (no hay constancia de que se gestionaran diligencias en el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo). Hasta entonces Margarita no sabía exactamente qué había pasado con su madre. Las asociaciones vascas de memoria histórica le han ayudado a "desmadejar el ovillo", y en concreto un seminarista conocido ("hoy sacerdote") la puso en la pista del Archivo Militar de Ferrol (supra, C.1591/37). Personalmente, considera que ha vivido feliz en el País Vasco, con su marido y sus hijos. Pero esto no ha impedido la permanente vivencia dolorosa de la pérdida de su madre. Más o menos, esto mismo es también lo que Margarita recordaría a las personas que la acogieron en una posterior visita a Ciudad Rodrigo (10 de octubre de 2015).

Dentro de su sobriedad, el relato de Margarita García Iglesias resulta ejemplar, más allá de lo que dice, por el hecho mismo de que para realizarlo haya tenido que pasar por la emigración. El día que otros sobrevivientes de la represión o sus descendientes, en situación análoga, se animen a contar sus vivencias o las de sus ascendientes, se podrá hablar realmente de "recuperación de la memoria" en Ciudad Rodrigo y su entorno.