El sector apícola reclama amparo institucional y ayudas directas ante los graves daños causados por el abejaruco europeo. Las Cortes autonómicas analizan una proposición no de ley para implementar planes de control poblacional de esta especie protegida, cuyas mermas se suman a un año marcado por la sequía y las temperaturas extremas.
El sector apícola de Castilla y León afronta una situación crítica debido a la creciente presencia del abejaruco europeo, un ave que se ha consolidado como una amenaza directa para las explotaciones de toda la comunidad. Los profesionales advierten de que la presión de este depredador compromete seriamente la rentabilidad de sus negocios.
La problemática ha dado un salto relevante al ámbito parlamentario a comienzos de este mes de septiembre de 2026, tras la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de una proposición no de ley que busca articular medidas de apoyo técnico y económico para los afectados.
Esta iniciativa legislativa coincide con las reclamaciones de la organización agraria COAG Castilla y León, que ya el pasado mes de abril demandó compensaciones directas. La entidad cifra en más de 6.400 las explotaciones activas en la región, que suman más de 425.000 colmenas registradas.
Las dificultades meteorológicas registradas durante este año, caracterizadas por periodos de sequía, heladas tardías y temperaturas extremas en verano, han debilitado previamente a las colonias, haciendo que la acción del ave resulte todavía más devastadora para el sector.
La presencia continuada de estas aves en el entorno de los asentamientos altera por completo el comportamiento de las abejas. Según detallan los apicultores, los daños principales se estructuran en cinco efectos críticos:
Ante la advertencia de que la actividad apícola se encuentra en una situación límite, el colectivo ha trasladado una petición formal para exigir ayudas y medidas urgentes. El sector reclama la puesta en marcha de cinco líneas de actuación fundamentales:
La novedad política más destacada es la publicación de la proposición no de ley PNL/000188-01, registrada el pasado 13 de agosto. El texto insta a la Junta de Castilla y León a estudiar y aplicar planes de control poblacional en las zonas con alta concentración de colmenas y daños acreditados.
Asimismo, la propuesta parlamentaria plantea el establecimiento de mecanismos de compensación financiera y el desarrollo de labores de gestión y seguimiento de las poblaciones de abejaruco, ofreciendo soporte técnico a los profesionales para mitigar la depredación.
En paralelo a la vía parlamentaria, la organización profesional agraria COAG Castilla y León reclama una ayuda directa de 20 euros por colmena para paliar las pérdidas. Esta compensación busca amortiguar el impacto económico en un año especialmente complejo por la meteorología.
El abejaruco europeo (Merops apiaster) es un ave protegida que se alimenta de insectos voladores. Al concentrarse en torno a los apiarios, ejerce una presión insostenible sobre unas colonias que ya llegan muy debilitadas al periodo estival debido a la escasez de recursos florales.
La viabilidad de un control poblacional choca con un obstáculo jurídico de calado. El abejaruco está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que impide que sea tratado como una especie cinegética común.
Cualquier intervención sobre los ejemplares debe ajustarse estrictamente a las excepciones de la legislación ambiental. Por ello, el debate se centra en definir qué medidas de protección pueden aplicarse de forma legal sin vulnerar la normativa de conservación de la fauna silvestre.
La búsqueda de soluciones también contempla el uso de medidas de prevención físicas. Entre los sistemas analizados en estudios previos destacan las mallas de protección y sombreado, que dificultan el acceso de las aves a las colmenas.
Estas mallas no solo reducen la presión de los depredadores, sino que también ofrecen protección frente a las altas temperaturas estivales. La discusión actual oscila entre potenciar estos métodos preventivos con ayudas públicas o avanzar hacia el control poblacional selectivo.