El medio ambiente en Castilla y León: un derecho que arrasan los incendios

Jesús Piñuela

Defensor de los derechos humanos

El avance de la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la preocupación por el estado de la naturaleza que implicó el desarrollo industrial dieron lugar a la aparición de los primeros movimientos ecologistas en Europa a partir de la década de los sesenta del pasado siglo. Este interés social tuvo su reflejo en la Constitución Española (1978), que en su artículo 45 estableció: 1) Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; y 2) Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Lejos de mejorar, la explotación de los recursos naturales junto con numerosas actividades humanas no sólo ha provocado la degradación del medio ambiente sino el cambio climático, tan perceptible en nuestro día a día. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró recientemente, el 28 de julio de 2022, que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable. Quienes respaldaron esta decisión la consideraron un paso importante para contrarrestar el alarmante declive mundial de la naturaleza.

Uno de los graves efectos de dicho cambio climático son los graves incendios que se están produciendo a nivel global, y especialmente en nuestro país. En Castilla y León, apenas ha pasado un año y los incendios que arrasaron el pasado verano Zamora, León y el Bierzo se vuelven a repetir. Nuestra comunidad lidera la peor tragedia medioambiental de España en este verano de 2026. Con más de 90.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, concentra casi la mitad de toda la superficie quemada a nivel nacional.

Los grandes incendios no son fruto de la mala suerte, sino el resultado de décadas de políticas que han tratado el territorio y a sus habitantes como un recurso económico, de la negligencia y la falta de inversión del Gobierno autonómico, y del negacionismo interesado de la extrema derecha, que gestiona competencias de medio ambiente en nuestra Comunidad Autónoma. Un modelo que ha debilitado los servicios públicos, relegado la planificación ecológica y agravado la crisis climática.

Las administraciones se echan las culpas mutuamente mientras la extrema derecha impulsa el bulo sobre una supuesta «prohibición para limpiar el bosque». Un relato falso que reduce un problema enormemente complejo a una consigna fácil. La prevención de los grandes incendios no pasa por transformar nuestros montes en jardines, sino por una planificación del territorio adaptada a cada ecosistema, basada en el conocimiento científico y orientada a proteger tanto a las personas como a la naturaleza. No todos los montes son iguales ni todas las actuaciones sirven en cualquier lugar.

Sólo una gestión bajo criterios sociales, científicos y ecológicamente sostenibles puede garantizar la necesaria prevención de los incendios y el mantenimiento del mundo rural en equilibrio con el medio ambiente. Es urgente una intervención pública decidida de la mano de las trabajadoras y trabajadores forestales, bomberos, científicas y de las comunidades rurales. Necesitamos fortalecer lo común como base para cuidar la tierra y hacer frente a la crisis climática.

Por estas razones, la Plataforma contra los incendios en Castilla y León, integrada por distintas organizaciones, propone una serie de medidas, como:

1. Ordenación, prevención y gestión del territorio del territorio donde sea necesario, al servicio de la mayoría social y adaptada a cada ecosistema. Para ello se reclama una planificación a largo plazo que abandone las recetas únicas y tenga en cuenta la diversidad de nuestros montes. La prevención empieza mucho antes del verano y requiere invertir de forma continuada en el territorio, no solo cuando llegan las llamas. Conviene recordar que cerca del 90 % de los incendios tienen una causa humana, en la que intervienen negligencias, descuidos, actuaciones ilegales o, directamente, intencionadas. Por tanto, urge concienciación y educación ambiental desde la base, así como campañas contra la desinformación y bulos sobre el cambio climático y los incendios.
2. Mayor vigilancia y detección temprana, plantillas de extinción públicas, estables y profesionales. Se debe poner fin a la temporalidad y a la división en más de 35 empresas privadas del servicio de incendios forestales. Quienes nos protegen merecen contratos dignos, formación continua y los medios técnicos adecuados para enfrentarse a incendios cada vez más virulentos. Su seguridad es la nuestra.
3. Impulso del empleo público y cooperativo en el medio rural, garantizando el derecho a vivir y trabajar en los pueblos. Es urgente adoptar medidas para fortalecer los servicios públicos, los bienes comunes y la ecología participativa. Revertir décadas de abandono exige empleo estable, servicios públicos de calidad y una economía que permita a quienes viven en el territorio hacerlo con dignidad, sin verse obligados a marcharse.
4. Asumir la emergencia climática: negar la evidencia es un acto criminal. Necesitamos políticas valientes que mitiguen el cambio climático y que adapten nuestros territorios a una nueva realidad de sequías y olas de calor. La conservación y restauración de la biodiversidad deben convertirse en el eje central de la prevención de los grandes incendios, porque los ecosistemas sanos son también territorios más resistentes frente al fuego.

No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nuestro entorno y nuestras vidas se convierten de nuevo en cenizas por la inacción de quienes tienen la responsabilidad de protegernos. Nos jugamos el futuro de nuestros pueblos, la salud de las personas, la integridad de nuestro patrimonio natural y el derecho de las próximas generaciones a vivir en un territorio habitable.