Estado de excepción y deportaciones masivas: el colapso de los derechos humanos para la población haitiana en suelo dominicano

Juan David González

Defensor de los derechos humanos

Haití lleva en sus hombros hazañas que el mundo colonial no podía perdonar, se convirtió en la primera república negra libre en 1804 y la primera en abolir la esclavitud tras una «exitosa» revolución. La búsqueda de su libertad resultó en un llamado «Estado fallido», pero no por falta de esfuerzo de su gente, sino por un agotamiento financiero que ha acabado con toda esperanza de prosperidad. Se calcula que Haití ha pagado cerca de 21.000 millones de dólares actuales por la compra de su libertad a sus colonos, destinando el 80 % de sus ingresos a «resarcir la pérdida de la propiedad» que tuvieron los franceses. El sueño de formar una nación libre y próspera se esfumó antes de su nacimiento, dando paso a un Estado sumido en el fracaso institucional y la quiebra económica.

Si a todo esto sumamos la crisis ambiental que sufre su territorio, parece ser que el país pionero de la libertad está destinado al fracaso. Partiendo de la era colonial, los franceses encontraron en el suelo haitiano una gran fuente de ingreso con la caña de azúcar y el café, talando hectáreas de selva de manera indiscriminada, agotando el suelo y reduciendo su fertilidad. La reciente nación envuelta en la pobreza y falta de servicios básicos como la red eléctrica o combustibles tuvo que depender del carbón vegetal, llegando a una deforestación extrema. De hecho, se estima que, en la actualidad, queda menos del 2 % de su cubierta forestal. La situación se vuelve insostenible con el paso de los años, están envueltos en una especie de círculo vicioso. Al no haber árboles ni raíces que sostienen la tierra, esta se vuelve débil, por lo que la llegada de lluvias y huracanes provocan inundaciones y catástrofes, arrasando y llevando consigo lo poco que queda, dejando familias sin hogar, tierras estériles y un futuro desalentador.

La migración al extremo de la isla resulta ser el único escape de su desalentadora realidad, pero el clima en la República Dominicana es cada vez más hostil. «Aquí no tenemos valor, nos tratan como animales... un haitiano que vive aquí sufre estrés, frustración, depresión, porque nos pueden matar», es uno de tantos testimonios recopilados en el informe «Deportaciones masivas y estado de excepción en la República Dominicana», presentado por Colectivo HaitianosRD. Este pasaje define la deshumanización que viven miles de haitianos que buscan un futuro mejor. La República Dominicana bajo la presidencia de Luis Abinader ha entrado en una fase de deportaciones masivas sin precedentes en la región. Los ciudadanos de origen haitiano son presentados como una «amenaza existencial» y una «carga irrazonable» para el Estado dominicano.

Entre agosto de 2020 y mayo de 2025, se registraron más de 1 millón de deportaciones. No se trata de una política de control migratorio, sino de un Estado de excepción invisible, donde el perfilamiento racial se ha convertido en la principal arma. Se ha llegado al punto de suspender las garantías constitucionales y los derechos humanos para miles de personas, ya sean migrantes haitianos o dominicanos con ascendencia haitiana, dejando a cientos de personas apátridas, con base únicamente en su color de piel.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado dominicano por las deportaciones arbitrarias entre 1999 y 2000. No obstante, la sentencia TC/0168 de 2013 representó un hito de desprotección nunca antes visto. Este fallo fue aplicado de forma retroactiva hasta 1929, privando a miles de dominicanos de su nacionalidad por ser descendientes de haitianos y convirtiéndoles en la mayor población en situación de apatridia en todo el hemisferio occidental.

El cambio del ius soli a ius sanguinis representa una crisis jurídica y humanitaria única, al establecer que los hijos de haitianos nacidos en el territorio de la República no eran dominicanos. No solo despojó a miles de su nacionalidad, sino que, al no tratarse de un simple cambio administrativo, les condenó a una «muerte civil», que convierte a ciudadanos de pleno derecho en apátridas de la noche a la mañana, quitándoles la oportunidad de contar con un empleo formal, educación, salud y hasta el derecho humano a la identidad. Los haitianos afectados con esta medida quedaron en un limbo legal de extrema vulnerabilidad.

La política migratoria adoptada por el Estado dominicano es un claro ejemplo de la discriminación racial institucionalizada, siendo descrita por diferentes organizaciones como un «apartheid» de facto, donde el perfilamiento racial es el único criterio de detención. Acefie, una madre haitiana relata el horror que sufrió al ser llevada en un camión de la Dirección General de Migración de República Dominicana, mientras que su hijo de apenas dos años corría tras ella. En lugar de respetar la unidad familiar y permitir que su hijo acompañe a su madre, los agentes colgaron al menor de las rejas exteriores del vehículo. La madre tuvo que estar por más de una hora aferrada a los brazos del menor a través de los barrotes de un auto en movimiento, donde un solo error podría costarle la vida de su hijo. Este testimonio nos muestra la crueldad y el trato inhumano que viven día a día los ciudadanos haitianos en suelo dominicano.

Día a día, se reportan allanamientos nocturnos, expulsiones colectivas o extorsiones, calificadas como arbitrarias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al imponer cuotas de deportación, el Estado ha sido el precursor de violaciones sistemáticas a la integridad moral y física de toda una comunidad, reforzando un sistema racista, donde si eres negro, la constitución simplemente deja de existir.