Los ciudadanos disponen de vías digitales, postales y presenciales para registrar sus quejas sobre el funcionamiento de las administraciones públicas
El Procurador del Común de Castilla y León es la institución propia de la comunidad autónoma encargada de la defensa y protección de los derechos constitucionales y estatutarios de los ciudadanos. Su labor consiste en supervisar de manera independiente la actividad de la Administración autonómica, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos, incluidos los de la provincia de Salamanca.
La institución destaca por su absoluta independencia política. No recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con total autonomía. Su actual titular es Tomás Quintana López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León desde abril de 1993 y autor de una extensa obra jurídica en materias como el Derecho local, urbanístico y ambiental.
Para garantizar la imparcialidad de su figura, la ley reguladora de la institución establece que el cargo de Procurador del Común es incompatible con cualquier otra función pública o privada, la afiliación a partidos políticos o sindicatos, y el ejercicio de actividades mercantiles o profesionales.
El Procurador del Común no es un cargo de designación gubernamental, sino parlamentaria. Son los propios procuradores de las Cortes de Castilla y León, como representantes de la soberanía popular (incluidos los procuradores elegidos por la circunscripción de Salamanca), quienes eligen al titular de la institución.
Para su nombramiento se requiere una mayoría cualificada de tres quintos de la cámara autonómica. El periodo de mandato establecido por ley es de cuatro años, con posibilidad de reelección.
El Procurador del Común actúa tanto de oficio como a instancia de parte, es decir, a solicitud de cualquier ciudadano. Las administraciones supervisadas tienen la obligación legal de responder a los requerimientos de información que les remita la institución.
Si tras la investigación se deduce la existencia de alguna irregularidad, el Procurador del Común puede formular a la administración afectada:
Es importante destacar que sus resoluciones no son vinculantes, lo que significa que no puede imponer ejecutivamente sus decisiones ni anular actos administrativos. Su fuerza radica en su autoridad moral y en el informe anual que presenta ante las Cortes de Castilla y León, donde se detalla qué administraciones han colaborado y cuáles han rechazado sus recomendaciones.
Para que una reclamación sea admitida a trámite por el Procurador del Común, debe cumplir con una serie de requisitos formales básicos. No se admiten quejas anónimas ni aquellas que carezcan de fundamento.
El escrito de queja debe contener obligatoriamente los siguientes datos:
La institución ofrece diferentes canales, tanto digitales como presenciales, para facilitar el acceso de todos los salmantinos a este servicio gratuito:
La institución se encuentra actualmente en proceso de integración con el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) para digitalizar por completo sus comunicaciones con otras administraciones. Mientras se completa esta autorización ministerial, las gestiones con las entidades públicas se realizan por vía postal.
Sin embargo, la relación con los ciudadanos particulares es mucho más ágil. Al estar integrada en la plataforma estatal Notifica, cualquier interesado de naturaleza privada que entable relación con la institución podrá acceder a todas sus comunicaciones en tiempo real y en formato electrónico, tanto en la sede del Procurador como en el Punto de Acceso General del Gobierno de España.