El delegado del Gobierno en Ceuta y el ministro Carlos Cuerpo advierten a las comunidades autónomas de que la ley les obliga a acoger a los menores migrantes. La Fiscalía de Menores podría actuar de oficio si se produce un rechazo generalizado.
El Gobierno de España ha lanzado una advertencia clara a las comunidades autónomas ante la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. El Ejecutivo central ha avisado de que la Fiscalía de Menores actuará de oficio si los gobiernos autonómicos rechazan participar en el reparto de estos jóvenes.
La advertencia la ha formulado el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien ha recordado que el cumplimiento de la legislación vigente no es opcional. "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha manifestado el representante estatal, incidiendo en la obligatoriedad del proceso.
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su confianza en que no sea necesario llegar a un escenario de litigio judicial. Cuerpo ha recordado que la Ley de Extranjería establece mecanismos objetivos para aliviar la presión migratoria en las principales vías de entrada al país.
La posible intervención del ministerio público responde a la necesidad de garantizar la protección jurídica de los menores de edad que se encuentran en territorio nacional. Según ha explicado Pérez Triano en una entrevista en la Cadena SER, la prioridad absoluta del Estado es que estos jóvenes "salgan de la calle" y reciban la atención que les corresponde por ley.
El delegado del Gobierno ha insistido en que los menores no acompañados "tienen que ser atendidos en España" de manera obligatoria. Ante la falta de espacio y recursos en la ciudad autónoma, el Ejecutivo considera indispensable activar la solidaridad interterritorial para distribuir la carga asistencial de forma equitativa.
La ciudad autónoma de Ceuta se encuentra actualmente "bastante desbordada" para gestionar el volumen de menores migrantes que llegan a sus costas. Aunque las autoridades estatales reconocen que no se conoce con exactitud el número de jóvenes que pernoctan en las calles, el gobierno local cifra la cantidad en unos 500 menores.
Ante esta situación, el Ejecutivo central recalca que es materialmente imposible que la administración ceutí asuma en solitario la tutela y manutención de todos ellos. Por ello, se apela a un reparto coordinado con el resto de las autonomías para asegurar que los menores sean trasladados a lugares donde puedan disponer de mejores condiciones de acogida.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido en declaraciones a TVE que el reparto de menores no debe convertirse en un foco de confrontación política. Cuerpo ha recordado que la Ley de Extranjería ya contempla un sistema de distribución basado en criterios objetivos para reducir la presión en puntos críticos como Canarias, Ceuta y Melilla.
Asimismo, el vicepresidente primero ha apelado directamente a la responsabilidad de las comunidades autónomas, recordando que muchas de ellas están gobernadas por el Partido Popular (PP), la misma formación política que lidera el Gobierno de Ceuta. El ministro espera que prime la cooperación institucional y se evite un conflicto jurídico o judicial entre administraciones.