Denuncia silenciada: violencia institucional y revictimización

Juan David González

Defensor de los derechos humanos

España presume de un marco normativo avanzando, sus leyes prometen igualdad y no discriminación, las libertades de los ciudadanos se respetan y protegen; sin embargo, en la práctica estos derechos para las minorías parecen ser «solo de papel», ante una realidad marcada por dinámicas de discriminación estructural persistentes que dificultan su materialización. Se estima que el 82 % de las personas que sufren de discriminación no formalizan la denuncia, ni presentan una queja o reclamación. Esta cifra evidencia la respuesta racional de quien sabe que el sistema que debería ampararlo es el primero en desprotegerlo.

Los datos prueban una de las paradojas más preocupantes. Quien debería garantizar nuestra protección, resulta con frecuencia ser el agresor. Según la Federación SOS Racismo, las entidades públicas son el principal agente discriminador, con el 54,2 % de los casos de discriminación registrados. Los servicios sociales concentran el 56,5 % de quejas por denegación de acceso o trato discriminatorio, y se perciben como espacios de sobrevigilancia, inseguros y de mala praxis para la población migrante. Las personas en situación administrativa irregular enfrentan un doble riesgo, el miedo a que su denuncia no sea escuchada y que esta implique la posibilidad de una sanción administrativa o deportación.

El 7 % de las personas racializadas afirma enfrentar mayores dificultades al realizar trámites en ayuntamientos a diferencia de la población mayoritaria, y a un casi 3 % se le niega directamente la atención o el servicio. La situación se agravaba cuando el perfilamiento policial implica la presunción de culpabilidad, la petición injustificada de documentos ha crecido 7,2 puntos porcentuales entre el 2020 y 2024. Existe un evidente sesgo racial, siendo la población negra y las personas gitanas las mayores afectadas. El 36,6 % de la población negra afirma que se ha pedido la documentación sin un motivo aparente, y el 4,1 % de los encuestados denuncian el uso excesivo de la fuerza, cifra que se eleva al tratarse de la población gitana.

El 8 2% de las personas callan, no denuncian, no se sienten protegidas y el muro de la infradenuncia cada vez se alza con más fuerza. La desconfianza en el sistema es un problema indiscutible, sufrimos de canales no óptimos para la denuncia y el miedo a ser revictimizados. Vivimos un problema en generalizar la desconfianza en la utilidad de las denuncias, y aún más en la normalización del abuso y el miedo. «Es lo que nos toca vivir», son las declaraciones de cientos de personas que sufren de esta realidad. Las investigaciones por delitos de odio aumentaron un 300 % en 2023. La Federación Estatal LGTBIQA+ reportan que las agresiones físicas y verbales pasaron de 6,8 % al 16,2 % en un solo año, y el 33,3 % de las personas que se atreven a denunciar relatan la falta de empatía y sensibilidad por parte de jueces y funcionarios a cargo de su denuncias. Revictimizan y aminoran la realidad y el sufrimiento del colectivo acusados de «exagerar» o buscar algún tipo de beneficio.

España sufre de un «racismo de baja intensidad» que aumenta cuando el ciudadano interactúa con el Estado. Mientras que el 54 % de la discriminación venga de la entidades públicas y el 33 % de los denunciantes sean maltratados por el mismo sistema, el 82 % de las víctimas seguirá sufriendo en silencio. Es imperativo que el Estado atienda el llamado del Consejo Europeo e implemente un registro nacional de controles policiales, que instaure protocolos de atención y no discriminación en entidades públicas, busque la erradicación de la revictimización institucional, y dote a los ciudadanos de garantías frente al miedo y la exclusión. La reparación de las víctimas y la construcción de entornos seguros es una obligación impostergable que continúa pendiente.