El Supremo admite el recurso de la Junta contra el decreto de regularización de inmigrantes
El Gobierno autonómico alega falta de consenso y un impacto desproporcionado en los servicios públicos
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España el pasado 14 de abril de 2026.
La decisión judicial, formalizada mediante una diligencia de ordenación de la Sala Tercera con fecha del 22 de junio de 2026, abre la vía para que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma desarrollen sus argumentos contra una medida que consideran desproporcionada y carente de consenso.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido la solidez jurídica de la iniciativa autonómica. "Existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados para cuestionar la legalidad de este Real Decreto", ha manifestado el representante de la administración regional.
¿Cuáles son los argumentos de la Junta de Castilla y León?
El recurso presentado por los servicios jurídicos el pasado 5 de junio de 2026 se fundamenta en cinco discrepancias esenciales con la normativa estatal:
- Dimensión sin precedentes: Las estimaciones iniciales de 500.000 beneficiarios se han elevado hasta aproximadamente 1.100.000 personas, una cifra inédita en la historia de España.
- Ruptura de criterios históricos: Se prescinde de la exigencia tradicional de acreditar una residencia efectiva, arraigo y una actividad laboral previa en el país.
- Flexibilización documental: Se reducen las garantías exigidas, permitiendo por ejemplo tramitar solicitudes sin aportar inicialmente un certificado actualizado de antecedentes penales.
- Exclusión de las comunidades autónomas: El Gobierno central aprobó la norma sin contar con las autonomías, que son las responsables directas de gestionar servicios esenciales como la sanidad, educación y servicios sociales.
- Incompatibilidad europea: La Junta sostiene que el decreto choca con los compromisos de la Unión Europea en materia de control de fronteras y gestión ordenada de flujos migratorios.
La presión sobre los servicios públicos regionales
Desde el Ejecutivo autonómico se incide en que las comunidades autónomas soportarán de manera directa el impacto asistencial y organizativo derivado de un incremento poblacional de esta magnitud. La falta de participación en el diseño de la norma es uno de los puntos más criticados por la administración regional.
"Confiamos en que el Tribunal Supremo, tras analizar el fondo del asunto, estime la impugnación y declare la nulidad del Real Decreto", ha añadido González Gago, quien espera que el proceso avance una vez que el Estado aporte el expediente administrativo correspondiente.
La vía cautelar sigue abierta en el Tribunal Supremo
Aunque el alto tribunal desestimó el pasado 22 de mayo la suspensión cautelar solicitada por otra comunidad autónoma y un partido político, el escenario jurídico actual mantiene varios frentes abiertos.
En este sentido, el Tribunal Supremo analiza actualmente la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por una posible vulneración del derecho comunitario, lo que mantiene activa la disputa cautelar sobre la aplicación del decreto.
