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Eutanasia en Salamanca: solo 12 personas reciben la prestación
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Cinco años de la aprobación de la Ley

Eutanasia en Salamanca: solo 12 personas reciben la prestación

Publicado 27/06/2026 21:16

Desde 2021, 20 personas han solicitado la ayuda para morir; en 2025 todas las solicitudes y prestaciones en la provincia correspondieron a mujeres

La Junta de Castilla y León registra un acceso muy minoritario y progresivo a la ayuda médica para morir en la provincia salmantina desde la aprobación de la ley en 2021. El balance oficial revela una marcada particularidad de género en el último año, con un protagonismo exclusivamente femenino en la tramitación de los expedientes.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) el 25 de junio de 2021 abrió un nuevo escenario de derechos en el país. Cinco años después, la aplicación de esta medida en el ámbito local se caracteriza por un volumen de casos muy reducido y una evolución sumamente variable.

Los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León confirman que la provincia mantiene una de las tasas de actividad más bajas de la comunidad autónoma. La dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional condicionan la gestión de estos procesos en el territorio.

Desde la aprobación de la normativa, un total de 20 personas han solicitado formalmente la prestación en Salamanca. De este grupo, únicamente 12 pacientes completaron el procedimiento y recibieron la ayuda médica para morir de manera efectiva.

El resto de los expedientes iniciados en la provincia durante este lustro se distribuyen entre denegaciones médicas, revocaciones voluntarias por parte del propio solicitante o fallecimientos ocurridos durante el periodo de tramitación burocrática.

¿Cómo ha evolucionado la eutanasia en Salamanca año a año?

La evolución anual de las solicitudes y de las prestaciones realizadas en la provincia muestra un comportamiento muy variable debido al reducido volumen de casos registrados:

  • 2021: Cuatro solicitudes presentadas y ninguna prestación realizada.
  • 2022: Una solicitud presentada y cuatro prestaciones realizadas (procedentes de expedientes iniciados a finales del año anterior).
  • 2023: Seis solicitudes presentadas y cuatro prestaciones realizadas.
  • 2024: Cuatro solicitudes presentadas y una prestación realizada.
  • 2025: Cinco solicitudes presentadas y tres prestaciones realizadas.

Este registro histórico demuestra que, tras un inicio sin ejecuciones en 2021, el sistema experimentó un pico de prestaciones en 2022 y 2023, para luego estabilizarse en cifras muy bajas durante los últimos dos años analizados.

¿Por qué destaca el protagonismo femenino en el último año?

El balance del año 2025 en Salamanca arroja un dato sumamente llamativo y sin precedentes en el histórico de la provincia. Las cinco solicitudes registradas durante el último año fueron presentadas exclusivamente por mujeres.

Del mismo modo, las tres prestaciones ejecutadas de manera efectiva en la provincia correspondieron también a pacientes de sexo femenino. Este comportamiento contrasta con la tendencia acumulada a nivel nacional.

En el conjunto de España, los hombres suelen solicitar la prestación en una proporción ligeramente superior a las mujeres. La escasez de cifras a nivel provincial impide establecer un patrón sociológico claro, pero constata esta particularidad local.

¿Cuál es la situación de Salamanca en el contexto de Castilla y León?

Para entender la dimensión de estas cifras, es necesario observar el comportamiento de la comunidad autónoma. Según el último Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir, Castilla y León registró un total de 40 procesos finalizados durante el año 2024.

De esos 40 expedientes autonómicos, 15 terminaron en prestación efectiva, seis fueron denegados por las autoridades médicas, tres se revocaron por decisión del paciente y 16 personas fallecieron antes de que se resolviera su solicitud.

Salamanca, con cuatro solicitudes y una única prestación en 2024, se mantiene como una de las provincias con menor actividad de la comunidad. Las cifras se sitúan lejos de las autonomías con mayor densidad de población o con dinámicas de tramitación más ágiles.