Estados Unidos: del mundo libre a un posible autoritarismo

Sofía Pérez Fernández

Defensora de los derechos humanos

Estados Unidos, cuna histórica de las libertades individuales y referente para muchos sistemas democráticos, afronta una crisis de derechos humanos. Desde la vuelta de Trump al poder, el país ya se ha retirado de 66 organizaciones internacionales, ha atacado la independencia de los jueces, castigado la libertad de expresión, privado de protección al colectivo LGTBIQ+, provocado un retroceso en los derechos de la mujer, y la lista podría continuar.

Lo cierto es que esta deriva autoritaria no ha aparecido de forma repentina, no ha sido necesaria una guerra o un golpe de Estado, ha sido un proceso gradual que ha mermado la estructura desde la base más fundamental: la libertad de expresión. Cuando la prensa no puede informar y los jueces pierden su independencia, la democracia se tambalea.

La libertad de prensa vive un clima tenso, pero sin duda el frente más sensible es el migratorio. La ampliación de detenciones, las redadas masivas, la reducción de garantías para solicitantes de asilo… Las fuerzas de control de inmigración y aduanas (conocidas por sus siglas como ICE) han sembrado el pánico entre la población, y es que no es para menos. Han llevado a cabo redadas en colegios sin órdenes judiciales, detenido a menores y han sido acusados repetidamente de basarse en un perfilamiento racial.

En el ámbito del derecho a la protesta, el despliegue frecuente de fuerzas federales en manifestaciones han encendido las alarmas. La protesta pacífica es uno de los elementos fundamentales de un Estado democrático y su criminalización corresponde más bien a una práctica habitual de los Estados autoritarios.

Diversas organizaciones avisan de la peligrosidad que esto representa. Human Rights Watch documenta cómo la administración Trump ha recurrido a políticas que erosionan las bases del Estado de derecho. La Unión Estadounidense por las libertades civiles (ACLU por sus siglas en inglés) ha multiplicado los litigios contra decisiones ejecutivas que considera inconstitucionales en una batalla jurídica que parece no tener fin. La ONU ha recordado reiteradamente que el principio de no devolución y el derecho a solicitar asilo son obligaciones jurídicas, no concesiones.

La cuestión es clara: el poder político esta obligado a respetar, proteger y garantizar derechos incluso (y especialmente) cuando puedan resultar incómodos. La deriva no es inevitable. La respuesta para por reforzar la independencia judicial, la libertad de prensa, y, sobre todo, recordar que la defensa de los derechos humanos no es una ideología, sino una exigencia constitucional y moral. La democracia no se hereda, se ejerce y se defiende todos los días.