Alarma por disparos de caza entre Salamanca y Villares
Imagen de archivo
Asociaciones y vecinos denuncian el descontrol en el corredor periurbano y las contradicciones entre los ayuntamientos, la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil sobre las autorizaciones de caza en zonas periurbanas
Diversas asociaciones de protección animal y ambiental han denunciado la existencia de graves contradicciones administrativas y una preocupante falta de control institucional en relación con las actividades cinegéticas que se desarrollan en las zonas periurbanas situadas entre Salamanca y Villares de la Reina. Esta situación, que los vecinos vienen señalando desde hace años, afecta a espacios altamente transitados por familias, deportistas y menores.
La polémica se concentra en un corredor muy frecuentado que abarca el entorno de la avenida de San Agustín, la carretera de Fuentesaúco, las inmediaciones del pabellón Würzburg y la urbanización Las Bizarricas. En estos puntos, los residentes han alertado de forma reiterada sobre la presencia de disparos próximos a viviendas, parques, carriles bici e instalaciones deportivas, sin que hasta el momento se haya aclarado qué administración ejerce el control real de estas prácticas.
La documentación recopilada por los colectivos Adoptamiaus Protección Animal, Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y Adopta una Vida evidencia un cruce de acusaciones y respuestas contradicciones entre los ayuntamientos implicados, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Un laberinto de contradicciones competenciales
Según exponen las asociaciones, las intervenciones de la Policía Nacional y la Policía Local ante las llamadas de alerta de los ciudadanos se saldaban con la afirmación verbal de que los cazadores contaban con autorización del Ayuntamiento de Villares de la Reina. Sin embargo, al ser requerido por escrito, este consistorio aseguró carecer de competencias en materia de autorizaciones cinegéticas, derivando la responsabilidad de manera exclusiva a la administración autonómica.
Por su parte, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León justificó inicialmente la actividad como un control poblacional de palomas en el coto SA-10.760 solicitado por el titular del terreno. No obstante, en conversaciones posteriores, la jefa del servicio competente contradijo esta versión al afirmar que las autorizaciones son solicitadas anualmente por el propio Ayuntamiento de Villares de la Reina.
El cruce de versiones también salpica a la Guardia Civil. Mientras el SEPRONA remitió por escrito que la competencia sobre las autorizaciones y medidas preventivas recae en la Junta y en las autoridades municipales afectadas, el Ayuntamiento de Villares había derivado apenas dos días antes cualquier responsabilidad inspectora al propio instituto armado.
Sin expediente administrativo y bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción
La falta de transparencia documental ha llevado el caso ante la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCYL). Este organismo ha puesto de relieve que el Ayuntamiento de Villares de la Reina carece de un expediente administrativo específico para estas actuaciones de control de fauna.
La única documentación existente en el consistorio de Villares consiste en el pago de diversas facturas a la empresa Agrocinegética Bracamonte S.L. por servicios de "captura y retirada de palomas". Llama la atención de los denunciantes que esta compañía se publicite abiertamente como una entidad dedicada a la organización de cacerías privadas, mientras que los registros municipales solo aluden a labores de retirada de aves, sin que se pueda verificar el alcance real ni el método de control empleado.
A esta opacidad se suma la respuesta del Ayuntamiento de Salamanca, que se declaró no competente en la materia y trasladó las denuncias a la Junta. Asimismo, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta ha denegado el acceso al expediente cinegético a las asociaciones protectoras, alegando que no son "parte interesada" y escudándose en el volumen documental y la presencia de datos personales, a pesar de que la solicitud excluía expresamente cualquier información protegida.
Petición urgente para ampliar las Zonas de Seguridad
Ante el inicio de la nueva temporada de autorizaciones de caza, los colectivos vecinales y ambientales han solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León una ampliación de las Zonas de Seguridad contempladas en la Ley de Caza. El objetivo es prohibir de manera total el uso de armas de fuego en todo este corredor periurbano del alfoz de la capital salmantina.
Las asociaciones recuerdan que la Ley estatal 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales obliga a las administraciones públicas a priorizar métodos éticos y proporcionados para el control de la fauna urbana. La ausencia de un control documental efectivo impide conocer el destino de las palomas capturadas vivas mediante jaulas trampa, lo que incrementa la preocupación por el bienestar animal y la seguridad de los centenares de personas que transitan a diario por la zona.
