La Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una manifestación para el próximo 14 de junio para exigir el fin de los 'buzones' y la falta de personal
La Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública ha convocado la duodécima edición de la Marea Blanca para el próximo domingo 14 de junio. La movilización, que comenzará a las 11:30 horas, partirá desde la puerta de acceso del Nuevo Hospital de Salamanca en el paseo de San Vicente y concluirá frente a la sede de la Gerencia de Área, ubicada en la avenida de Mirat.
La portavoz del colectivo, Isabel Gómez, ha explicado a este periódico que la protesta es una respuesta directa a una coyuntura que califica de "inviable". Los organizadores han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía y a los profesionales sanitarios para que acudan vestidos con ropa blanca, un símbolo histórico que se quiere recuperar con fuerza para esta cita.
Esta duodécima jornada de protesta civil será la primera que se celebre desde el año 2023. Tras tres años de parón, la plataforma considera que la acumulación de problemas estructurales obliga a reactivar la movilización social en las calles de la capital charra antes de que comience el periodo estival. La fecha elegida, el 14 de junio, se decidió a principios de esta semana tras un complejo encaje de calendario.
El principal caballo de batalla de la plataforma son los denominados buzones de pacientes, un sistema que mantiene a los usuarios en espera de una cita sin una fecha asignada en el sistema informático. Según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca es el hospital con más pacientes en buzón de toda la comunidad autónoma.
Para una primera consulta, Salamanca acumula 22.282 pacientes en esta situación. Esta cifra contrasta con los 15.659 de Zamora o los 5.552 que suman los tres hospitales de Valladolid, señala Gómez. En otras provincias de la región, la situación es radicalmente distinta: Ávila registra solo siete pacientes en buzón, mientras que León, Segovia y Soria tienen cero pacientes en esta condición.
A estas cifras de primera consulta se añaden 6.040 pacientes en espera de pruebas y otros 4.599 en procesos similares, lo que eleva a 32.921 el número de salmantinos que carecen de diagnóstico y de fecha de atención. En total, son unos 11.000 pacientes los que esperan únicamente para la realización de una prueba diagnóstica.
Gómez ilustra esta diferencia con el caso real de una paciente que debe ser atendida en Valladolid: "Le escribieron en abril para darle cita en septiembre; la espera es larga, pero al menos ya sabe cuándo tiene la cita". En Salamanca, por el contrario, los pacientes salen del especialista sin ninguna fecha asignada, incumpliendo la propia normativa de la Junta de Castilla y León.
La problemática se extiende a la Atención Primaria, un ámbito donde no existen registros oficiales de listas de espera porque la normativa no los contempla. Sin embargo, la plataforma denuncia que los pacientes están sufriendo demoras de hasta 10 días para obtener una cita, independientemente de si es telefónica o presencial.
A esto se suma una notable desigualdad en la carga de trabajo de los profesionales sanitarios de los centros de salud. "No puede ser que haya un médico que tenga un cupo de 1.700 tarjetas y el compañero de al lado tenga un cupo de 500", critica la portavoz, quien urge a realizar una reestructuración del sistema que acumula años de retraso.
Otro de los fallos afecta a las revisiones de especialistas. Es habitual, comenta, que el médico indique en su informe una revisión a los tres meses con una analítica previa. Sin embargo, la cita de control se demora sistemáticamente hasta los siete o ocho meses. Como consecuencia de este retraso, la analítica realizada en su plazo original pierde validez y debe repetirse.
La plataforma critica con dureza la política de externalizaciones de la Consejería de Sanidad. De hecho, un contrato menor adjudicado recientemente para la realización de ecografías y resonancias magnéticas reconoce en su propia memoria justificativa la existencia de una "larga lista de espera" que se arrastra desde hace años.
En el último año se han derivado procesos a la sanidad privada por un valor de 3,3 millones de euros, a lo que hay que sumar el coste de las peonadas pagadas al personal del propio hospital durante los dos últimos años. "Con ese dinero podríamos contratar plantilla orgánica para tener el hospital público funcionando mañana y tarde los 365 días del año", argumenta.
Además, denuncia la penalización que sufren los pacientes que rechazan ser operados en clínicas privadas: "Si te niegas a la derivación porque quieres que te opere el médico que te ha diagnosticado, consideran que pierdes la garantía de plazos y te relegan al final de la lista, obligándote a esperar un año más".
Esta agilidad de la sanidad privada contrasta con la gestión pública. Gómez cita el caso del familiar de una usuaria con una hernia al que derivaron a la privada: "Le han hecho la preanestesia y en un plazo de tres días a una semana ya lo operan", mientras que en el sistema público los tiempos se dilatan sin control.
La portavoz de la plataforma ha sido especialmente crítica con la planificación de la nueva infraestructura salmantina: "Habéis creado un hospital pequeño", ha aseverado, recordando que se trata de un centro de carácter universitario y de investigación que requiere una dotación de espacio y personal acorde a su crecimiento.
La incorporación de técnicas de vanguardia no se ha visto respaldada por un incremento de los recursos humanos. La plataforma cita como ejemplo la implantación de la técnica HIFU en el servicio de rayos, un procedimiento avanzado que consume una gran cantidad de tiempo y espacio físico.
"Si traes técnicas nuevas pero no contratas personal para realizarlas, el trabajador tiene que dejar de hacer una función para atender la otra", advierte Gómez. Ante esta situación, la plataforma solicitó hace casi un mes una reunión con la Gerencia de Atención Especializada y la Gerencia de Atención Primaria a través del gabinete de la Consejería, sin haber obtenido respuesta alguna hasta la fecha.
