¿Países seguros para quién? Contención de la migración fuera de las fronteras europeas

Juan David González

Defensor de los derechos humanos

La Unión Europea es un territorio que promueve la protección de los derechos humanos, el Estado de derecho y la dignidad humana. Aun así, la política migratoria actual atraviesa cambios fundamentales que parecen alejarse de estos ideales. La reciente propuesta de la Comisión Europea de establecer cambios e incluir a más países en la lista de «países de origen seguro» y la ampliación del concepto de «terceros países seguros» ponen en tela de juicio estos principios y, sobre todo, plantea un dilema ético: si el sistema busca priorizar la eficiencia administrativa por encima de proteger y salvaguardar los derechos de las personas solicitantes de asilo que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La medida busca agilizar los procedimientos de asilo y acortar su tiempo de respuesta, al considerar a ciertos países como «seguros», donde presuntamente no existe una persecución generalizada; se trata de países que para el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) respetan el Estado de derecho, el reconocimiento de instrumentos internacionales como la Convención de Ginebra y cuentan con un sistema democrático vigente. Se refieren a países como Bangladesh, Colombia, India o Marruecos, países que históricamente han sobrellevado conflictos armados, violencia estructural y persecuciones persistentes. Este enfoque estandarizado desconoce las realidades nacionales, la carga de prueba recae de una manera desproporcionada sobre la persona que solicita el asilo, corriendo el riesgo de sufrir una negativa a su solicitud y ver denegada la protección que necesitan.

Por su parte la ampliación del concepto de «tercer país seguro» permite a un Estado miembro de la Unión Europea rechazar una solicitud de asilo bajo el argumento de que el solicitante pudo haber solicitado protección en un país distinto antes de llegar a su territorio. En la práctica, esta realidad implica que muchas personas son deportadas a países de tránsito como, por ejemplo, Turquía o Marruecos, sin que se evalúe si realmente están seguros o si sus derechos fundamentales están garantizados. Para que un país pueda ser considerado «tercer país seguro» debe cumplir ciertos requisitos, como contemplar en su normativa el procedimiento de asilo, respetar los derechos fundamentales y la garantía de que los ciudadanos solicitantes de asilo no sean devueltos o enviados a su país de origen, pero la ejecución de este concepto no es uniforme debido a que dependerá de las políticas nacionales más que del análisis puntual de las realidades individuales.

Es el caso de Turquía, un territorio usado por miles de ciudadanos sirios o afganos como país de tránsito antes de llegar a territorio europeo, y considerado por la Unión Europea como «un tercer país seguro» que aloja a millones de personas refugiadas, pero en el que diferentes organizaciones internacionales han denunciado casos de devolución forzada, condiciones de vida precaria o acceso limitado al procedimiento de asilo, contrariando lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951, la cual establece el principio de no devolución, que prohíbe al Estado receptor de la solicitud de asilo expulsar o enviar a la persona solicitante a un país donde su libertad o vida corran peligro.

La Comisión Europea defiende la aplicación de estas medidas como una herramienta clave para la mejora en la eficiencia administrativa, al igual que facilitar el retorno de aquellos solicitantes que no cumplen con los requisitos de protección internacional. El problema surge cuando la seguridad se contempla en el papel, pero no se corresponde con la realidad, abarca el riesgo de normalizar la excepción y transformar al asilo en un derecho difícilmente alcanzable. Desde una perspectiva de derechos humanos, estas políticas plantean cuestionamientos fundamentales: ¿qué significa que un país sea realmente «seguro»? ¿Seguro para quién? ¿Y en qué condiciones? La ampliación de la lista de «países seguros» y el uso del concepto de «tercer país seguro» representa una herramienta técnica que conlleva profundas consecuencias humanas.