El cuestionamiento de la Convención Europea de derechos humanos

George Miguel Gardner García

Defensor de los derechos humanos

Los artículos 3 y 8 de la Convención están en el punto de mira de dos de los países más duros contra la inmigración en Europa. El artículo 3 protege a los ciudadanos de la tortura, prohibida expresamente, incluyendo una disposición que además impide que se pueda devolver a alguien a un país donde podría sufrirla. El artículo 8 garantiza la vida privada de modo que, salvo en circunstancias extremas, el Estado no puede interferir y está prohibido separar a los migrantes de su familia. Pero en dos bastiones de la socialdemocracia, como son el Reino Unido y Dinamarca, sus gobernantes argumentan que estos dos artículos impiden la deportación de delincuentes extranjeros que se acogen a estos derechos para entorpecer el proceso de deportación. En lugar de seguir el procedimiento apropiado que existe para evitar actuaciones contrarias a los derechos humanos, estos gobiernos proponen, como la derecha populista, soluciones simples sin contemplar las consecuencias que tienen para los derechos fundamentales de todos.

En este caso, los gobernantes de centroizquierda del Reino Unido y Dinamarca «legitiman» un discurso peligroso adoptando medidas antes impensables en una democracia consolidada. Cuando los sectores progresistas de una democracia ya no están dispuestos a dar la cara para defender los derechos y libertades, la situación se convierte en realmente preocupante.

Por fortuna, ambos gobiernos del norte europeo ya se han enfrentado a sentencias judiciales en su contra por vulnerar el Derecho europeo. El Gobierno danés recibió un toque de atención, en diciembre de 2025, por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea que falló contra la llamada «Ley Ghetto» por discriminar y vulnerar los derechos de las minorías étnicas en el país. Los propios tribunales daneses volvieron a mostrar su escepticismo hacía el gobierno.

El Gobierno británico ha recibido en junio de 2022 la censura de la Corte Europea de los Derechos Humanos por intentar deportar a migrantes a Ruanda. Dictaminó que no se puede deportar a nadie al país africano sin que los tribunales británicos antes lo hayan considerado como un país seguro. En noviembre de 2023 los tribunales británicos dictaminaron que Ruanda no era un país que cumpliera los estándares de derechos humanos y confirmaron la decisión de la Corte Europea.

Los dos gobiernos intentan justificar su decisión de no aplicar los artículos contra la tortura y sobre el derecho a la familia del Tratado presentándola como una medida radical pero necesaria para deportar a las personas que consideran que han vulnerado las leyes de sus países. Amnistía Internacional lo denuncia porque esto abre la puerta a que, por ejemplo, una mujer afgana sea deportada de vuelta a Afganistán pese al claro riesgo de ser separada de su familia, torturada e incluso asesinada.

Los gobiernos británico y danés insisten en que estas medidas van destinadas a combatir la delincuencia pero, como estamos viendo en Estados Unidos, a menudo esto es una excusa para erosionar los derechos fundamentales de todos. La democracia raramente desaparece de un día para otro, es mucho más habitual que la antorcha de la libertad se vaya extinguiendo poco a poco hasta apagarse por completo. A ello contribuyen decisiones como las de estos gobiernos.