Polonia ante la Unión Europea: choques en torno al matrimonio homosexual y la protección de los derechos humanos

Daniel Cano Sánchez

Defensor de los derechos humanos

Polonia se opone al reconocimiento de un matrimonio celebrado por dos de sus ciudadanos en territorio alemán, contraviniendo la legislación europea y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿El motivo? Su persistente rechazo al matrimonio igualitario.

Polonia es uno de los diecienueve países del continente europeo y uno de los once de la Unión Europea que aún no han reconocido el matrimonio homosexual. El artículo 18 de la Constitución de la República de Polonia de 1997 postula que el matrimonio representa la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Además, señala que no solo se unen en esta ceremonia dos personas, sino los conceptos de maternidad y paternidad como base fundamental de la familia. Si bien no existe una ley explícita que prohíba el matrimonio homosexual, al entenderse las nupcias desde este prisma excluyentemente heterosexual queda totalmente vetado en la práctica. Estas leyes, por sí solas, infringen el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Este asegura el derecho al respeto a la vida privada y familiar de los habitantes de los 47 países europeos firmantes.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho resurgir el debate en torno a esta cuestión. El origen del caso se remonta al 2018, año en el cual una pareja homosexual polaca decidió contraer matrimonio en Alemania. Esta estrategia no es poco común en parejas polacas del mismo sexo que busquen casarse, amparándose en leyes de países que, a diferencia de Polonia, reconozcan legalmente la práctica. El problema surgió en el momento en el que los cónyuges decidieron pedir la transcripción de su certificado de matrimonio en el Registro Civil Polaco. El objetivo de la petición era que el enlace fuese reconocido en su país de origen, pero se encontraron con una firme negativa del gobierno. La justificación de las autoridades de Varsovia fue simplemente que el matrimonio homosexual no está reconocido por las leyes nacionales, y por lo tanto no es válido a los ojos del país eslavo. El caso escaló hasta el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo polaco que lo trasladó a su vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este determinó que la no ratificación de un enlace de dos ciudadanos de la Unión Europea en otro estado miembro es contraria al Derecho de la Unión. Infringe en este caso el ya citado derecho a la vida privada y familiar así como la libertad de circulación y residencia. El Tribunal reconoce que, si bien es legítimo que un Estado miembro no reconozca en su legislación interna el matrimonio igualitario, sí que debe reconocer enlaces maritales obtenidos en otros países de la Unión Europea.

Desde Amnistía Internacional se exige que el Estado polaco acate la sentencia del TJUE urgentemente y se expresa la preocupación por la persistencia que muestra el país en una legislación anticuada que desafía la correcta garantía de los derechos humanos de sus habitantes y conculca, según dictaminó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en 2023, los derechos de las parejas del mismo sexo. Se pretende también desde la organización dar voz a las propuestas existentes que podrían allanar el terreno para una futura legalización. La más potente fue la emisión de un proyecto de ley en el 2024 por el propio gobierno del país. Esta propuesta pretendía reconocer uniones legales de las parejas del mismo sexo. Si bien no se hablaba de matrimonio propiamente dicho aún, era un paso en la dirección de la regularización. Esta iniciativa quedó sin embargo bloqueada por la negativa de ciertos grupos de la coalición del gobierno, notablemente por el sector más conservador, dirigido por Andrzej Duda, presidente de la República de Polonia en aquel momento.

La cuestión del matrimonio igualitario es aún compleja en Polonia y parece mostrar pocos avances significativos en tiempos recientes. A pesar de ello, medidas como la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sirven como indicador de que existen medidas de presión efectivas desde el ámbito internacional y, por lo tanto, razones para el optimismo de cara al futuro.