¿Todavía se tortura en España?
Imagen de un acto de la campaña
Amnistía Internacional denuncia la falta de recursos y motivación para la investigación sobre las acusaciones de tortura en España, pese a las advertencias de la ONU y otros organismos.
Yaser Bedar Sosa
Defensor de los derechos humanos
Varios informes del Instituto Vasco de Criminología, dirigidos por el forense Francisco Etxeberría, señalan al menos 6.000 casos de tortura desde 1960 hasta 2014, pero se estima que puede haber hasta 20.000 víctimas. A pesar de las obligaciones internacionales que España ha asumido para prevenir y sancionar la tortura, persiste una preocupante inacción institucional. Amnistía Internacional ha documentado la falta de investigaciones imparciales, la existencia de prácticas como la incomunicación y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas eficaces.
En España, la legislación prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el artículo 15 de la Constitución. La normativa internacional, en concreto la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que los Estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas o de otro tipo para prevenir la tortura y otros tratos degradantes, sin que puedan alegar circunstancias excepcionales, ni órdenes de autoridad, para justificarlos. Dichos Estados también tienen la obligación de investigar con prontitud e imparcialidad cualquier acto de este tipo, enjuiciar a sus responsables con sanciones acordes al daño causado, y otorgar a las víctimas reparación eficaz.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en varias ocasiones por no investigar adecuadamente denuncias de tortura en situaciones de incomunicación. Para prevenir estos abusos, en 2009 se creó el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que realiza visitas a centros de detención; sin embargo, el Defensor del Pueblo advierte que la falta de datos y recursos dificultan la tarea. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU volvió a lamentar, en su examen periódico universal, que el gobierno no haya abolido el régimen de incomunicación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como le ha recomendado al Estado español en diferentes ocasiones. Amnistía Internacional destaca que ello puede favorecer espacios de impunidad y exige garantías para las personas mediante presencia de abogado, solicitud de examen por médico de su elección y poder comunicar su paradero a su familia o a su consulado en el caso de los extranjeros.
Esta pasividad se refleja en la reciente negativa del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a elaborar un informe extraordinario sobre los miles de casos de tortura documentados, especialmente en el contexto del conflicto vasco. Esta actitud institucional evidencia una desconexión alarmante entre los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la realidad de su aplicación. Por ello diferentes colectivos denuncian y piden la creación de una comisión de la verdad que investigue la tortura en España.
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