Cuando el excéntrico y descerebrado Trump en su enloquecida cruzada contra todo el mundo, dijo que atacaría Irán de una forma tan salvaje que iba a acabar con toda una civilización, la musulmana, el Papa León XIV no dudó en censurar esta conducta Trumpista diciendo que era inaceptable hablar del cese de la existencia de una civilización completa. A lo cual, el primer mandatario norteamericano acusó al Papa de tener simpatía por “los radicales de izquierda”; un mensaje que recuerda a muchas proclamas fascistas y violentas que vomita la presidenta madrileña Ayuso en su delirio y su ataque constante a socialistas y comunistas. Lógicamente, la sensatez y humanidad del Papa contrasta con la soberbia, la altanería y el delirio de Trump y de los políticos que simpatizan con él, como Ayuso, Feijóo o Abascal, de ahí que el Papa haya declarado en el mensaje público pronunciado en su visita a Camerún, que “el mundo está siendo devastado por tiranos”.
Afortunadamente, los diferentes líderes políticos europeos –incluida la presidenta italiana Meloni- se han ido progresivamente distanciando de los desmanes, caprichos y conductas presuntamente genocidas del líder norteamericano, excepto la derecha extrema y la extrema derecha española, quienes no se han atrevido, en ningún momento, a condenar los gravísimos ataques a la población civil en las guerras de Irán, Gaza o el sur del Líbano –en estos dos últimos casos acometidos por otro mandatario sátrapa, el judío Netanyahu-; no han tenido el coraje y la valentía de exigirle a Trump y Netanyahu el cese de hostilidades porque lo que están haciendo viola sistemáticamente los derechos humanos y una normativa internacional basada en reglas, negociación y consenso, en pro de la convivencia pacífica y armónica en la que tenemos derecho a vivir todos los habitantes del planeta.
Que esta ausencia de condena la hiciera VOX sería entendible, dado que es una formación política de extrema derecha, xenófoba, negacionista y atrabiliaria, pero que lo haga el PP es menos razonable. No obstante, los mensajes que está transmitiendo Feijóo son muy preocupantes, están repletos de falsedades y manipulaciones de la realidad y, además, impregnados de un odio cainita hacia el Gobierno socialista. Su objetivo es engañar sistemáticamente a la ciudadanía y lo hace exclusivamente en medios de comunicación afines, dado que en las preguntas que le formulan sus periodistas amigos no quieren ponerlo en aprieto ni cuestionarlo. Feijóo ha demostrado ser un cobarde, ya que no concede entrevistas a periodistas rigurosos e independientes, porque sabe que le “sacan los colores” y le ponen “contra las cuerdas”. No se puede afirmar, categóricamente, como hace el líder del PP, que regularizar a personas migrantes que residen ilegalmente en España supondrá que se incremente la inseguridad ciudadana, asociando claramente migración y delincuencia y asegurando que estos inmigrantes violarán a mujeres, atracarán comercios y ocuparán viviendas. Esto sólo pueden transmitirlo mentes perversas, personajes a los que les da igual generar miedo y sensación de inseguridad ciudadana –cuando no la hay- con tal de engañar a la ciudadanía, intentando hacerle ver que ellos son los que expulsarán a las personas migrantes irregulares (para Feijóo, son todos delincuentes) y garantizarán la convivencia pacífica. Hay que recordarle a estos señores de la derechona más reaccionaria que, afortunadamente España es uno de los países del mundo más seguros, con las tasas más bajas de delincuencia; ahí están las estadísticas. Por su parte, en la regularización de este medio millón de personas migrantes en situación irregular, uno de los documentos que se les exige es que presenten un certificado de antecedentes penales y los expedientes de migrantes con antecedentes policiales serán examinados minuciosamente para comprobar los motivos por los que esas personas han sido detenidas y si constituyen un riesgo para la seguridad y puedan lesionar o poner en peligro bienes jurídicos (es decir, cometer delitos) no serán regularizados.
Lo que pretenden todos los dirigentes (nacionales y autonómicos) de la derechona ultramontana española, es que los migrantes irregulares sigan viviendo al margen de la legalidad, desempeñando los peores trabajos, con salarios de miseria, esclavizados y habitando hacinados en infraviviendas. ¿Puede una formación política seria, que, según sus dirigentes, respeta el Estado de Derecho, amparar que esas personas migrantes sigan viviendo en la más abyecta ilegalidad? Parece ser que sí. Y ya que se confiesan fervientes defensores de la religión católica y muchos de ellos se declaran beatos de misa diaria, ¿por qué no siguen las directrices de la Iglesia Católica española y de su organización solidaria más representativa como Cáritas Diocesana, fervientes defensores de la acogida a personas migrantes que se encuentran en situación de exclusión social? A este respecto, los políticos del PP padecen una dolorosa amnesia, porque los Gobiernos de Aznar también procedieron a regularizaciones masivas de personas migrantes, exigiendo entonces requisitos incluso más laxos que los que se exigen en la actual regularización del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El servilismo indigno y rastrero hacia un partido ultra reaccionario como VOX tiene estas consecuencias.
La perversión política de Feijóo, como líder del PP, no tiene límites. Resulta esperpéntico que en regiones como Extremadura o Aragón, sus presidentes decidieran adelantar las elecciones autonómicas para quitarse a VOX, pretendiendo gobernar en solitario y, en cambio, tengan ahora más dependencia de la ultraderecha que antes. Aún así y contradiciéndose constantemente, el PP ha aceptado todas las exigencias de gestión política que le ha planteado VOX. En Extremadura, por ejemplo, su presidenta María Guardiola, se creía el personaje “pepero” más tolerante, aperturista, feminista, “chachi” y progre, criticando a VOX antes de las elecciones autonómicas de diciembre pasado, declarando en la actualidad que el pacto con VOX resulta muy positivo para los habitantes de la región, cuando la asistencia sanitaria y los servicios sociales no se van a dispensar a los ciudadanos extranjeros aunque tengan residencia legal en España, fomentando la discriminación y la xenofobia. También se van a derogar las prescripciones de la legislación de Memoria Democrática y se ensalzará al franquismo, ya que tienen pensado, en lugar de retirar símbolos y emblemas de la dictadura, declarar algunos monumentos franquistas como bienes de interés cultural. Lo mismo ocurrirá con la legislación de violencia de género. ¡Vaya veleta de presidenta! Todo vale, con tal de mantener el poder.
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