El derecho a un nombre: justicia tardía, verdad pendiente. A propósito de los bebés robados

Javier Conesa

Defensor de los derechos humanos

El derecho a la identidad no es una concesión del Estado ni un privilegio administrativo: es un derecho humano fundamental. Saber quién se es, de dónde se viene y cuál es la propia historia constituye la base mínima de la dignidad personal. Cuando ese derecho es vulnerado de forma sistemática, como ocurrió con el robo de bebés en España durante décadas, no hablamos de irregularidades aisladas, sino de una quiebra profunda del orden moral y jurídico de una sociedad.

Durante años, miles de mujeres fueron despojadas de sus hijos recién nacidos mediante un mismo procedimiento: se les comunicaba una muerte inexistente, se les negaba toda prueba, y el niño desaparecía para reaparecer con otra identidad. La maquinaria funcionó con una regularidad inquietante, sostenida por el silencio, la falsificación documental y la connivencia de profesionales e instituciones. El resultado fue doble: niños privados de su origen y madres privadas de duelo.

Durante mucho tiempo, el Estado español respondió a esta realidad con una mezcla de negación, lentitud y desprotección. Sin embargo, recientemente, un juicio celebrado en España ha supuesto un punto de inflexión simbólico. Por primera vez, un tribunal reconoció judicialmente que los hechos existieron: que hubo sustracción de un menor, falsificación de documentos y una entrega fraudulenta. Aunque la causa no derivó en una condena efectiva debido a la prescripción de los delitos, el reconocimiento judicial de la verdad marcó un antes y un después.

Ese juicio no cerró la herida. Pero sí rompió el silencio. Demostró que no se trataba de relatos inconexos ni de memorias erráticas, sino de hechos verificables. También evidenció una paradoja inquietante: que la verdad puede ser reconocida por la justicia y, aun así, quedar sin reparación. La prescripción legal no borra la vulneración del derecho a la identidad, ni cancela el sufrimiento de quienes siguen buscando.

Las consecuencias de estos crímenes no pertenecen únicamente al pasado. Hoy, muchas de las personas afectadas son adultos que viven con una identidad incompleta, o con la sospecha persistente de haber sido arrancados de su historia original. Otras víctimas —madres, familias— continúan esperando una respuesta que nunca llegó. En demasiados casos, la búsqueda sigue recayendo sobre la voluntad individual y el trabajo de asociaciones, no sobre una política pública decidida.

La comparación con Argentina es inevitable. Allí, el robo de bebés durante la dictadura fue reconocido como crimen de lesa humanidad, y la restitución de la identidad se convirtió en una obligación del Estado. La experiencia argentina demuestra que la verdad no destruye la democracia: la fortalece. España, en cambio, aún arrastra los límites de una transición que priorizó el olvido como forma de estabilidad.

Defender los derechos humanos hoy implica asumir que no puede haber justicia plena sin verdad, ni verdad efectiva sin reparación. El derecho a la identidad no prescribe porque no envejece con el tiempo: acompaña a la persona durante toda su vida. Reconocerlo no es reabrir heridas, sino impedir que sigan abiertas.

Nombrar lo ocurrido, facilitar el acceso a los archivos, garantizar pruebas genéticas y escuchar a las víctimas no es un gesto del pasado, sino una exigencia del presente. Solo así podrá saldarse una de las deudas más graves del Estado con su ciudadanía: devolver a cada persona el derecho elemental a su nombre y a su historia.