Estados Unidos promueve la salida de organizaciones internacionales, incluido el marco climático

Francesca Rasetta

Defensora de los derechos humanos

Estados Unidos ha empezado el nuevo año con un cambio profundo en su política exterior bajo la presidencia de Donald Trump. El 7 de enero, el Presidente firmó un memorando presidencial ordenando la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, convenciones y tratados considerados contrarios a los intereses del país, aproximadamente la mitad de ellos vinculados a las Naciones Unidas. Entre las organizaciones afectadas hay entidades dedicadas a la cooperación internacional, la salud reproductiva, las políticas de género y la lucha contra el cambio climático. Aunque las salidas afectan a distintos sectores, una de las decisiones con mayor impacto es la relacionada con las organizaciones de la ONU encargadas de coordinar la respuesta global frente a la crisis climática, tanto por el peso político y económico de Estados Unidos como por el momento en el que se produce. Según el documento oficial de la Casa Blanca, estas salidas responden a una revisión dirigida por la administración sobre la participación estadounidense en organismos internacionales que, a juicio del Gobierno, limitan la soberanía del país, promueven políticas ideológicas ajenas a sus intereses o gastan recursos ineficazmente. Sin embargo, el alcance de la medida es amplio y afecta a estructuras centrales de cooperación internacional.

Entre las retiradas anunciadas figura la de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tratado que desde 1994 es el espacio en el que casi 200 países negocian sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del calentamiento global. Se contempla también la salida del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el principal organismo científico que evalúa el estado del clima y el impacto de la actividad humana. Sus informes no son vinculantes, pero constituyen la base científica sobre la que los gobiernos elaboran sus políticas climáticas. La retirada de Estados Unidos del marco climático internacional no es un gesto simbólico, sino una acción que puede debilitar la respuesta global ante una amenaza real y documentada.

Estados Unidos es uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero y uno de los principales actores económicos del mundo. La salida del país implica dejar de participar en las negociaciones, reducir la financiación de estos organismos y renunciar a influir en decisiones que seguirán adoptándose a nivel internacional. Esta ausencia implica una menor capacidad de coordinación y financiación a nivel global, lo que repercute directamente en millones de personas al dificultar la prevención de crisis humanitarias vinculadas al cambio climático.

Pese al impacto del anuncio, la salida de EE. UU. de los tratados de la ONU no es inmediata. En la mayoría de los casos, el proceso requiere al menos un año desde la presentación formal de la solicitud de salida. Además, en algunos acuerdos, como la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la participación estadounidense fue ratificada por el Congreso. Esto plantea un debate jurídico relevante, ya que no está claro si el Presidente puede retirar al país de estos tratados sin la aprobación del Parlamento. La Corte Suprema no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta cuestión, que sigue abierta.

Más allá de los plazos legales y de las incertidumbres jurídicas, el mensaje político es claro y preocupante. En pleno siglo XXI, cuando la evidencia científica confirma el aumento de las temperaturas, la intensificación de los fenómenos extremos y el impacto directo del cambio climático en la economía y la salud, calificar esta crisis como una «estafa», definida así por Trump en varias ocasiones, resulta infundada. Ignorar el cambio climático implica prescindir también sus efectos sobre los derechos humanos. La eventual retirada de Estados Unidos no es un mero ajuste técnico, sino una decisión que debilita la respuesta global y amenaza derechos fundamentales como el acceso al agua, a la alimentación, a la salud y a una vivienda digna, especialmente en los países más vulnerables. Negar o minimizar la crisis climática no detiene sus efectos; solo reduce la capacidad colectiva para enfrentarlos.